Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad./ Foto: APE.
Alberto Rubio. Toledo.
La amenaza del terrorismo yihadista debe ser combatida desde tres frentes -político, legislativo y social- coordinadamente, según el secretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez.
El ‘número dos’ del Ministerio del Interior explicó ayer en el XXVII Seminario de Defensa, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos en Toledo, que el terrorismo que practican los grupos yihadistas, fundamentalmente DAESH, es una amenaza permanente, indiscriminada en sus objetivos, y de mayor letalidad e impacto mediático que las conocidas hasta ahora.
DAESH, según los expertos que participaron ayer en el encuentro, ha supuesto un enorme salto cualitativo respecto a la forma de actuar de Al Qaida. Sobre todo en cuanto a la utilización de medios tecnológicos como internet, la producción y distribución de imágenes propagandísticas impactantes y su capacidad de reclutamiento y adoctrinamiento aprovechando las redes sociales.
Para contrarrestar ese impacto, Martínez consideró fundamental la unidad sin fisuras de las fuerzas políticas, la implementación de nuevas medidas legislativas y un mayor esfuerzo en el ámbito social para restar posibles adeptos a las filas de los extremistas.
El secretario de Estado avanzó que se están realizando cambios legislativos para adaptar el Código Penal a las nuevas amenazas. Por ejemplo, en la reforma se introducirá la consideración de terrorista para un individuo que actúe en solitario, mientras ahora debe probarse su pertenencia a un grupo organizado.
También se estudia la posibilidad de tipificar el adoctrinamiento o la captación como delitos. Y se están preparando tanto una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la redacción de un nuevo reglamento para prevenir la financiación del terrorismo.
En el plano social, Martínez subrayó la importancia de poner en marcha un plan nacional contra el extremismo que contemple la implicación de los representantes de la religión musulmana y un programa para frenar la radicalización en centros penitenciarios. Una de las medidas que el responsable de Interior consideró necesaria es la inclusión en el nuevo Código Penal de la inhabilitación para la docencia de los condenados por delitos terroristas. “No es lógico que aquellos que han cometido atentados o asesinatos sean los encargados de educar a nuestros hijos”.
Con todo ello se trata de combatir la amenaza del “terrorismo mutante”, como calificó a DAESH la fiscal de la Audiencia Nacional contra el Terrorismo Yihadista, Dolores Delgado. La mera acción militar, según coinciden todos los expertos, no será suficiente.