Rato rechaza los delitos que se le imputan./ Foto: CB/La Razón.
Miguel Cifuentes. Madrid
El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tiene riesgo de ir a prisión si se le condena a más de dos años por los numerosos delitos que se le investigan en un juzgado de Madrid. Se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y multas de cuantías muy significativas.
Penalistas consultados por The Diplomat señalan que “todos los delitos que se le investigan son muy graves, el blanqueo de capitales está castigado con penas de seis meses a seis años y multas de hasta tres veces el valor de lo blanqueado, el delito de alzamiento de bienes tiene cárcel de uno a cuatro años y los delitos fiscales tienen penas de cárcel de hasta seis años”.
Sin embargo, juega a su favor que “los delitos económicos son muy difíciles de probar. Los jueces tienen poca formación económica, y exigen evidencias exhaustivas del delito para condenar. Muchos delitos se emboscan en operaciones mercantiles, empresas fiduciarias, testaferros, y en manipulaciones de cuentas y balances. También se precisa la colaboración de paraísos fiscales, que no dan información, o la dan tarde y mal”. Todo esto juega a favor de Rato, en un proceso que se adivina muy largo, de años, con numeras dilaciones e incidentes procesales, gracias a los excelente abogados que defienden al exministro de Economía y Hacienda.
Rato ha contratado al bufete Oliva y Ayala, un despacho especializado en delitos económicos. Los socios del bufete son Horacio Oliva e Ignacio Ayala, ambos catedráticos de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, presentes en numerosos procesos por delitos económicos y larga y probada experiencia en los tribunales.
Medios próximos a la defensa de Rato señalan que no existen los delitos que se le imputan, y tienen dudas de que se pueda acreditar nada. Como mucho, admiten algunos ajustes fiscales, pero nada que tenga relevancia penal. Hacienda le imputa cinco delitos fiscales, y entre ellos estaría sus operaciones con divisas y el cobro de sus honorarios el tiempo que fue directivo del banco de inversión Lazard en España. Habría derivado esos cobros a través de sus empresas, violando la ley del IRPF.
La investigación al ex vicepresidente del Gobierno no obedece a ninguna operación política
Tanto Hacienda como el SEPBLAC (organismo dependiente del ministerio de Economía que combate el blanqueo de capitales) confirman que “la investigación al señor Rato obedece al descubrimiento de indicios de delitos tras comprobar su regularización fiscal y contrastarlo con sus declaraciones de bienes en el extranjero. La investigación en curso afecta a 715 personas, en situación similar”. Rechazan cualquier operación política en torno al ex vicepresidente del Gobierno. Su escandalosa detención con las televisiones en directo es “pura coincidencia”, ya que nadie, oficialmente, filtró la información de la operación ni avisó a los medios de comunicación.
Fuentes de Hacienda confirman a The Diplomat «que se ha investigado al señor Rato durante más de un año para comprobar sus actuaciones a través de su entramado empresarial, personal y familiar. En consecuencia se han acreditado una serie de indicios de delito, que han llevado a su denuncia ante el SEPBLAC y luego ante un juzgado de Madrid”.
En este momento, la investigación está a la espera de que se decida cuál es el juzgado competente para seguir con las actuaciones. El juez de lo Penal número 31 de Madrid renunció al caso en favor de la Audiencia Nacional, que ya imputa a Rato en el caso Bankia y en el caso “tarjetas black”, por entender que todo estaba relacionado. La Fiscalía General del Estado ha recurrido esa renuncia, para que el caso vuelva al Juzgado 31, alegando que sería el lugar natural para investigarlo. Este conflicto de competencias tardaría de uno a dos meses en resolverse. Algunos medios interpretan que la Fiscalía General del Estado, a instancias del Gobierno, habría hecho el recurso para retrasar todo, que pasen las elecciones de mayo y se reanuden las actuaciones fuera del escenario electoral.