«Los medios de comunicación han hecho una persecución implacable de la corrupción política», según el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
Miguel Cifuentes. Madrid
El PP, que ha promovido 70 medidas para luchar contra la corrupción, tiene comportamientos extraños, impropios de un partido de Gobierno. El Partido Popular parece no tener ningún interés en firmar el Convenio ofrecido por Transparencia Internacional sobre transparencia en su comportamiento institucional y compromiso de buenas prácticas.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional (sección de España), se muestra sorprendido por este desinterés, en un partido que ha promovido recientemente una nueva y profusa legislación anticorrupción. “El PP ha declinado responder a esta invitación. Su demora y silencio parece sugerir que no tiene interés en comprometerse, en contraste con otros partidos que mostraron interés inmediato en firmarlo e incluso se adaptaron a la evaluación que hemos hecho de ellos. Varios de estos partidos se han apresurado a corregir las lagunas que habíamos detectado en su comportamiento de cara a la trasparecía exigible en un partido político”.
Transparencia Internacional es una organización civil, equivalente a una ONG, que promueve comportamientos éticos de todo tipo de organizaciones, especialmente las políticas. En España, evalúa sistemáticamente desde hace varios años a ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas. En sus evaluaciones más recientes de los partidos ha situado a UPyD con la mejor nota, mientras todos los demás partidos resultaban suspendidos.
La actitud de los populares choca con las 70 medidas que aprobaron contra la corrupción
El convenio de Transparencia Internacional ha sido firmado por varios partidos y coaliciones como el PSOE, UPyD, Ciudadanos o Convergencia y Unió. Otros partidos invitados a la firma, como Coalición Canaria, Podemos o Equo han manifestado interés por el tema y se lo están pensando. El PSOE fue el primer firmante del convenio a finales de 2014, con una diligencia que sorprendió incluso a la propia organización convocante.
Poco después, firmó este convenio UPyD y, recientemente, Convergencia y Unió, que han adaptado sus niveles de transparencia e información pública a las exigencias de esta organización internacional sin ánimo de lucro. En el caso de CiU su diligencia también ha sido llamativa, vistos los sucesos en que ha estado envuelta los últimos años, y especialmente, su fundador, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol.
El código que les ofrece esta ONG consiste en comprometerse a hacer públicos sus presupuestos anuales, publicitar el resultado de la fiscalización de sus estados contables por parte del Tribunal de Cuentas y apoyar las medidas anticorrupción. Esa tabla de compromisos se explicita en un conjunto de 10 medidas que permitan a los ciudadanos saber qué dinero manejan, de donde procede (si tiene origen público o privado), quiénes lo aportan y en qué lo emplean, todo con el máximo detalle.
Varias formaciones han suscrito ya el acuerdo que supone un compromiso de honestidad y limpieza
Para Transparencia Internacional, el que se conozca con el mayor detalle los presupuestos de los partidos no es un asunto menor, porque “en el manejo del dinero está una de las fuentes de corrupción que se han detectado en España desde que se implantó la democracia en nuestro país. Es capital que los ciudadanos sepan cómo se financian los partidos, a la vista de los casos de corrupción detectados en los últimos años, la mayoría pendientes de sentencia en distintas instancias judiciales”.
El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, señala a The Diplomat que “sigue faltando contundencia en España contra la corrupción política, las sanciones penales no llegan hasta el final. Se tarda mucho en enjuiciar y sentenciar los casos de corrupción y las penas, al final, se hacen muy llevaderas por el tratamiento penitenciario con regímenes abiertos, permisos penitenciarios y tercer grado. Y, para mayor escándalo, los condenados nunca devuelven los recursos que se han apropiado indebidamente».
Con todo, Lizcano cree que “en los últimos años se ha dado un gran paso, gracias a los jueces y a la Policía y Guardia Civil. La UDEF y la UDYCO, unidades policiales especializadas, hacen un gran trabajo para los jueces y fiscales. Pero, sobre todo, los medios de comunicación han hecho una persecución implacable de la corrupción política. En este momento, el juicio de la opinión pública no tolera la más mínima corrupción, castiga electoralmente a los partidos y exige contundencia. La prueba son las medidas legislativas que se han tomado en los últimos tiempos”.