The Diplomat in Spain

El ministro durante la entrevista./ Foto: Antena 3

The Diplomat. Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó ayer que España ha aportado un préstamo de 26.000 millones de euros como parte del rescate europeo a Grecia y advirtió, por ello, de que el Gobierno no puede condonar una deuda procedente del «dinero de los contribuyentes» para la cual el país se vio obligado a endeudarse a un interés superior que el que paga Grecia a sus acreedores, «que es bajísimo».

Asimismo, en declaraciones al programa El espejo público de Antena 3, el ministro afirmó que «cualquier cosa que ocurra en Grecia por definición es mala» e instó al Gobierno de Atenas a presentar una propuesta de negociación «concreta de una vez por todas», en lugar de «cada día una cosa», en referencia a las diversas propuestas griegas, como los bonos ligados al crecimiento o los bonos perpetuos en los que sólo se pagan los intereses.

A su juicio, el ministro griego de Exteriores puede hacer «lo que quiera» en su «peregrinaje» por las cancillerías europeas, pero «al final tendrá que reunirse el Eurogrupo y el Consejo Europeo y analizar una propuesta seria». Asimismo, recordó que la ‘troika’ que supervisa a los países rescatados está formada por la Comisión Europea, el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tres instituciones a las que Grecia debe dinero y con las que tendrá que negociar de cualquier forma.

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El Gobierno estudia recurrir la apertura de las  embajadas catalanas en Viena y Roma 

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Por otra parte, Margallo advirtió de que el Gobierno podría recurrir por la vía contencioso-administrativa la posible apertura de embajadas catalanas en Viena y Roma, que «van en contra de la ley española de Acción Exterior», y recordó que la Generalitat tiene la obligación de informar a Exteriores para abrir cualquier delegación en el extranjero. El Gobierno tiene de plazo hasta el 28 de febrero para presentar el recurso.

Asimismo, el ministro anunció que el Ejecutivo está estudiando la constitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior. En este caso, el Gobierno tiene tres meses para recurrir a partir de la fecha de publicación de la ley, el pasado 11 de diciembre.