The Diplomat in Spain

El Valle de los Caídos./ Foto: Sebastian Dubiel.

The Diplomat. Madrid

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha presentado una querella penal contra el presidente de Patrimonio Nacional, el diplomático José Rodríguez-Spiteri, por la supuesta falta de inversión pública en la rehabilitación de este lugar.

La querella incluye un informe pericial del arquitecto Juan de Avalos, cuyo padre dirigió las obras escultóricas del Valle. El conjunto monumental de la Cruz y las ocho esculturas de su base es la parte más deteriorada de este sitio en el que yacen los restos de 33.487 muertos de la Guerra Civil, de los cuales alrededor de 12.000 están sin identificar y se presupone que son republicanos. En el altar de la basílica se encuentran las tumbas del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Los querellantes aseguran que “el abandono y la continuada falta de inversión por métodos adecuados” han permitido que las humedades se hayan depositado en el interior de las esculturas, con el consiguiente riesgo de “meteorización” de las piedras.

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Los querellantes alegan falta de inversión pública en la rehabilitación del lugar

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En el caso del presidente de Patrimonio, en la querella se indica que “este deterioro se le ha hecho saber al querellado en todo momento, sin que adoptara decisión alguna al respecto”. La citada asociación tilda las reparaciones de los últimos años de “absolutamente insignificantes”, salvo en el caso de La Piedad, la escultura situada en la entrada a la basílica y que fue restaurada en 2013 con 303.000 euros.

A Rodríguez-Spiteri se le acusa de tres delitos: uno de daños, otro sobre el patrimonio histórico y otro de prevaricación. Los  técnicos de Patrimonio han estimado en 14 millones de euros una restauración integral de la Cruz de 150 metros y el conjunto escultórico, pero el Gobierno ve excesiva esta inversión, sobre todo con las restricciones presupuestarias de los últimos años.

El Valle estuvo a punto de cerrarse en la pasada legislatura ya que en 2009 el Ejecutivo socialista puso trabas para el acceso de turistas por motivos de seguridad. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega destituyó al presidente de Patrimonio Nacional en aquel entonces, el también diplomático Yago Pico de Coaña, por la resistencia de este último a la clausura definitiva del monumento, al menos en lo que a turistas se refiere.

Desde entonces, este lugar no ha recuperado el ritmo de visitantes de antaño. En 2014 fue el único de los palacios o monasterios reales que gestiona Patrimonio que perdió visitantes. Recibió un total de 240.837 turistas -sólo por detrás del Palacio Real, el Escorial y el Palacio de Aranjuez-, pero supuso un 7,22% menos con respecto a 2013, cuando hubo 259.591 entradas.