The Diplomat in Spain

La valla de Melilla/Foto:ProdeinONG

Eduardo González. Madrid

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Europea y el Consejo de Europa, así como las dos organizaciones de Derechos Humanos más importantes del panorama mundial, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han advertido de que las «devoluciones en caliente» propuestas por el Ministerio del Interior para las fronteras de Ceuta y Melilla son «ilegales» porque impiden el ejercicio del derecho de asilo.

El Partido Popular tiene previsto presentar una serie de enmiendas en el Congreso de los Diputados para que la Ley de Extranjería incluya un nuevo párrafo: «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

En un comunicado, ACNUR indicó este 28 de octubre que, en aplicación de estas enmiendas, «una persona que intenta acceder a Ceuta o Melilla de forma irregular y sin la documentación requerida, sería rechazada automáticamente y no tendría derecho a las garantías legales previstas en la legislación nacional y de la Unión Europea, como el derecho  a solicitar asilo».

Al respecto, la agencia recordó que las dos ciudades españolas «son las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África» y que, «desde 2013, se ha registrado un aumento en el número de personas que llegan de forma irregular a través de esta ruta», y se ha producido un incremento «en la proporción de las personas que vienen de países asolados por la guerra, la violencia y la persecución, como Siria, la República Centroafricana o Malí».

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Aseguran que se viola el derecho a solicitar asilo a los huidos de la persecución y los conflictos

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En 2013, según las cifras aportadas por ACNUR, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular por tierra y mar, y en lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas 2.000 personas que han huido del conflicto en Siria, el 70 por ciento de las cuales son mujeres y niños. Por ello, advirtió la agencia, la modificación a la Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno y por el PP «no daría la oportunidad de pedir asilo a quienes huyen de la persecución y los conflictos», añadió. 

ACNUR «entiende la complejidad de la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla», pero también advierte de que «el Gobierno debería garantizar que cualquier iniciativa legal cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que España es parte»,

La comisaria de Interior en la Comisión Europea, Cecilia Malmström (cuyo cargo asumirá en breve Dimitris Avramopoulos), advirtió recientemente al Gobierno español de que «la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo”. Asimismo, el comisario de Derechos de Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, declaró el pasado 17 de octubre que el rechazo de inmigrantes sin un examen individual de cada caso y sin permitirles la solicitud de asilo es «ilegal» y de que las operaciones de control no deben ser «incompatibles con los estándares de los derechos humanos».

Amnistía Internacional acaba de poner en marcha una campaña en las redes sociales titulada #PortazoAlGobierno, en la que califica de «inaceptable» la introducción de  «un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla».

Aparte, HRW ha declarado que la ley de inmigración española prohíbe «garantiza a los inmigrantes irregulares el derecho a la asistencia legal y a un intérprete durante el proceso de deportación» y que, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y derechos de los refugiados, así como el derecho de la Unión Europea, España «está obligada a abstenerse de la devolución forzada de cualquier persona a un lugar donde ésta crea que afronta un riesgo real de tortura o tratos inhumanos o degradantes».