Eduardo González. Madrid
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se ha convertido en el gran argumento del Gobierno para ensalzar su programa de cooperación para 2015, una posición optimista que ha sido duramente contestada por la Coordinadora de ONGD de Europa, que han acusado al Ejecutivo de «inflar» las cifras de la ayuda oficial al desarrollo.
El pasado martes, el secretario de general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, afirmó ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso que el FONPRODE (que sustituyó a los fondos FAD y que está gestionado por el Ministerio de Exteriores) se ha convertido en «uno de los pilares de la Cooperación Española».
El FONPRODE ha sido dotado con 235,230 millones de euros por los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para operaciones exclusivamente reembolsables. Durante su intervención ante la Comisión, Robles aseguró que el Fondo concentró sus esfuerzos en 2013 en operaciones «de carácter reembolsable», marcando una línea «que continúa hoy día» y que no tiene efectos «en el déficit público el país».
«Una España que coopera es una España abierta al mundo y a los países con los que coopera», manifestó Gonzalo Robles. «El desarrollo es más que simple ayuda, sino que es toda una política de Estado, clave en materia de acción exterior», añadió.
El informe AidWatch2014, elaborado por la Coordinadora europea de las ONGD para el Desarrollo y hecho público este jueves, advierte de, sin bien las cifras oficiales de la ayuda oficial al desarrollo española «hablan de un 0,16 por ciento del Producto Interior Bruto», las «cifras reales» se quedan en un 0,14 por ciento porque los datos están inflados «artificialmente».
Gonzalo Robles afirma que el FONPRODE, totalmente reembolsable, es el «pilar de la cooperación»
La «ayuda inflada», según el informe, es aquella «que no repercute directamente en la reducción de la pobreza», como la ayuda multilateral, la cancelación de la deuda o los costes relacionados con la población refugiada. La inclusión de esas partidas es legal porque así lo ha autorizado el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, pero, según las ONG, se refieren a dinero que se queda en España y no sale al exterior, por lo que «no llega a los más necesitados ni se aplica sobre el terreno».
El informe critica también el FONPRODE, cuya gestión corresponde a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES), una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, financiada por entidades públicas y privadas, cuyo fin es la internacionalización de las empresas españolas y que se basa, según las ONGD, en «criterios de rentabilidad».