The Diplomat in Spain

Hernando Fernández Calleja./ Foto: A. Córdoba/Instituto Cervantes

Eduardo González. Madrid

El Instituto Cervantes ha reconocido que se cometieron «anomalías» susceptibles de «responsabilidad penal» en su sede en Atenas entre 2008 y 2009, tras como acaba de constatar el informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio correspondiente a 2012, pero también ha asegurado que los hechos fueron cometidos antes de la entrada de la actual dirección y que ha actuado «como se debe actuar», cesando a los responsables e informando de ello a la Abogacía del Estado.

Entre las «deficiencias de gestión» citadas por el Tribunal de Cuentas, dadas a conocer el pasado miércoles, figura el caso del centro del Cervantes en Atenas, en cuyo contrato de arrendamiento «no constaba ni la autorización de la sede para la realización de las obras adicionales ni la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras». «Tampoco consta valoración alguna que acreditara el coste de los trabajos, ni certificación de los mismos, ni el acta de recepción de las obras».

«Antes de que llegara el actual equipo directivo en 2012 se produjeron una serie de irregularidades en la contratación del edificio», declaró el director de comunicación del Instituto Cervantes, Hernando Fernández Calleja, a The Diplomat in Spain.

Tras tener conocimiento de que se había producido «algún tipo de anomalía», la dirección ordenó una investigación y «lo primero que hizo fue cesar al director y al administrador del centro de Atenas», prosiguió. Posteriormente, tras recabar la opinión del abogado del Estado y de la Fiscalía, el Cervantes presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por estos hechos, «que es como se debe actuar», explicó Calleja.

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El informe del Tribunal de Cuentas detecta deficiencias de gestión y de personal

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El informe de 2012, según el Tribunal de Cuentas, emite una opinión favorable, «con salvedades», en relación con el examen de las cuentas anuales del Instituto, las cuales «representan la imagen fiel de la entidad». No obstante, también pone de manifiesto «incumplimientos de la entidad en materia de personal y de contrataciones, así como deficiencias en sus sistemas y procedimientos de control de la gestión».

Al respecto, Calleja afirmó que el Tribunal de Cuentas «tiene autoridad real y moral» para juzgar, pero advirtió de que se deberían tener en cuenta las circunstancias de una organización tan «compleja» que tiene presencia en 44 países, con «prácticas administrativas muy distintas» y en los que es necesario «pegarse al terreno para poder tener una actividad más o menos con normalidad».

Ente estas deficiencias, el tribunal ha comprobado que, aunque en los centros del Cervantes la proporción entre hombres y mujeres (37 y 63 por ciento, respectivamente) se ajusta a la ley, se aprecia «una desproporción en la distribución por sexos en puestos de dirección, espacialmente en los centros», con un 68 por ciento de hombres y un 32 por ciento de mujeres en diciembre de 2012.  No obstante, el informe reconoce «una evolución positiva» desde diciembre de 2009, cuando la proporción era de 82 a 18 por ciento.