The Diplomat in Spain

Primeras cuatro cajas nacionalizadas y bancos que las compraron en pública subasta. Imagen: TVE.

Miguel Cifuentes. Madrid.

En solo tres años, son 300 los ex directivos y ex consejeros de cajas de ahorros imputados en España por delitos financieros. La Audiencia Nacional al completo (seis juzgados de instrucción), encausa a este numeroso colectivo por el saqueo y quiebra de seis entidades financieras nacionalizadas y rescatadas con dinero público.

El primer sumario abierto fue en 2011 contra directivos de Caja Castilla La Mancha, primera caja nacionalizada, rescatada con 9.000 millones de dinero público. Pero hasta ahora poca pena ha habido, salvo el desprestigio público. Sólo dos máximos directivos han pisado la cárcel unos pocos días: Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, dos veces en mayo y junio de 2013, y Roberto López Abad, ex director de la Caja del Mediterráneo.

La guinda de este escándalo es Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director del FMI, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y el mejor amigo de Jose Maria Aznar, que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional por haber montado con tarjetas “black” un sistema ilegal y fraudulento de retribución a directivos y consejeros en Caja Madrid y Bankia. Un total de 86 de estos directivos y consejeros se apropiaron ilícitamente de 15,5 millones de euros durante diez años para gastos personales, sin declarar a Hacienda. No hay un caso semejante de corrupción bancaria ni por la gravedad ni por el número de implicados en la historia reciente de Europa, algo que salpica gravemente a la democracia española, muy agobiada por continuos casos de corrupción.

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Rato y Blesa tienen muy difícil eludir una condena por el caso de las tarjetas «black” de Bankia

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Expertos penalistas señalan a “The Diplomat in Spain” que Rato, Blesa, y el director financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj (presunto inventor del sistema), imputados en la Audiencia Nacional, se enfrentan a un delito de apropiación indebida y graves delitos societarios, sancionables con penas de cárcel de hasta 10 años. A Rato y Sánchez Barcoj no les libraría el haber devuelto todo o parte de lo apropiado mediante las tarjetas black, ya que es un hecho atenuante pero no eximente, y tampoco a Blesa, que no ha devuelto ni un euro.

El Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, ha señalado que no se descarta nada en la calificación penal de los hechos, “pero es muy prematuro ya que estamos en el primer análisis de la documentación”. Pero la documentación en manos de los fiscales es demoledora para los imputados. Se trata de una auditoría interna de Bankia que detalla hasta el céntimo, concepto, día y hora, cómo sin control oficial, primero de Caja Madrid y luego de Bankia, se apropiaron de 15,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, para gastos privados injustificados e injustificables, sin declarar a Hacienda y en perjuicio del patrimonio de la entidad.

El caso Bankia, ahora destapado, es especialmente vergonzoso por el saqueo cometido sobre una caja nacionalizada y rescatada con 24.000 millones de euros de dinero de la Unión Europea. Consejeros y directivos, incluidos Rato y Blesa, gastaban sin freno en viajes, restaurantes, ropa y ocio de lujo, mientras la caja estaba quebrada y España sufría una pavorosa crisis financiera que ha liquidado a las cajas de ahorro y se ha saldado con 6 millones de parados.

La presencia de Rato y Blesa en este escándalo, junto a dirigentes del PP, PSOE, IU, los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales, CEOE y CEIM, hacen del caso una bomba de racimo contra los partidos, sindicatos y agentes sociales, ya muy desprestigiados. Para su desgracia confirma el diagnóstico del partido Podemos, sobre la corrupción institucional generalizada.

Por el caso de las tarjetas «black» de Bankia han dimitido una docena de ex directivos y consejeros de sus cargos actuales, entre ellos Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I y consejero privado del rey Felipe VI.

El PSOE politizó las cajas

Los expertos  recuerdan ahora las criticas que se hicieron desde mediados a de los 80 a la politización de las cajas de ahorro. El Gobierno de Felipe González aprobó en 1985 una ley de Órganos Rectores de las Cajas (LORCA) , que metió a partidos políticos y sindicatos en la gestión de las cajas, ya que no tenían accionistas y “necesitaban control social” . El tal control social nunca lo fue sino una excusa para abusos y corrupción de los directivos y consejeros, la mayoría con etiqueta política o sindical, que se autoadjudicaban jugosos sueldos, dietas, pensiones e indemnizaciones, o «tarjetas black», como en el caso de Caja Madrid/Bankia.

La crisis económica desatada en 2007 y 2008 tuvo efectos demoledores en el sistema financiero español y ha supuesto la desaparición de las cajas de ahorro  (solo quedan seis reconvertidas en bancos), que representaban la mitad del sistema financiero. El escándalo de las cajas obligó a nacionalizar seis de ellas y a rescatarlas con 41.000 millones euros, dinero de la Unión Europea, que habrán de devolver los contribuyentes españoles, con sus correspondientes intereses. De momento España ha devuelto 1.000 millones y espera devolver otro tanto este año con la venta de parte del capital de Bankia en Bolsa.

Lo que no recuperará es el dinero del FROB (organismo estatal de saneamiento bancario), que acepta que el 90% de lo invertido en la nacionalización de las 6 cajas no se recuperará jamás.