The Diplomat in Spain

Los bancos perdonarán el 50% de la deuda de las concesionarias./ Foto: La Razón.

Miguel Cifuentes. Madrid.

El Gobierno nacionalizará, en breve, ocho autopistas de peaje que están en suspensión de pagos. La operación costará más de 4.000 millones a los contribuyentes, pero se digerirá a lo largo de 30 años, o antes si se vuelven a privatizar a partir de 2018, como piensa el Gobierno. Los bancos y constructoras sufrirán una quita de deuda del 50% (perderán 2.200 millones), pero se librarán de unas empresas concesionarias ruinosas, por falta de tráfico.

Lo curioso es que este fiasco económico se repite. Hace 30 años, en 1984, fueron nacionalizadas a través de ENASA (Empresa Nacional de Autopistas) un grupo de autopistas de Galicia, León y Navarra por inviables, y luego reprivatizadas en 2003. En este baile de despropósitos están siempre los mismos, las seis grandes constructoras españolas (OHL, ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr yFCC) más Abertis, la concesionaria de infraestructuras. Y se repite el partido implicado, siempre son gobiernos del PP los que diseñaron el proyecto y afrontaron el agujero financiero.

La historia es siempre igual, primero las constructoras hacen la infraestructura con beneficios y ellas mismas se quedan como socios de las concesionarios de las autopistas, pero una vez quebradas se las endosan al Estado, que las sanea y se las vuelve a vender a las mismas empresas años después. Y los bancos implicados siempre son los grandes: Caixa Bank, Santander, BBVA, Sabadell, Popular, Bankia y alguna caja despistada. En esta ocasión, en el fiasco hay también extranjeros: Espirito Santo, Barclays, BNP Paris Bas, ING y LLoyds. Y hasta cincuenta bancos implicados entre nacionales y foráneos. Los extranjeros son aquí la guinda del pastel, ya que se oponen a la nacionalización y a quitas de deuda y exigen que les compren la deuda sin quitas o liquidar las empresas y que pague el Estado, algo que no va a suceder.

En esta ocasión, las protagonistas son las autopistas radiales de Madrid, mas la M-12 llamada Eje Madrid- Aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid- Toledo, AP-36 La Roda- Ocaña, las radiales de Madrid R-2, R-3 y R-5, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera. Se han librado in extremis de la nacionalización, gracias a un convenio de acreedores y un plan de viabilidad, la Alicante-Cartagena y la radial de Madrid R-4, dirección Andalucía. La banca les hace una quita de deuda del 30% y las ha refinanciado porque son viables.

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La nacionalización resultará un negocio ruinoso para las arcas del país

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La nacionalización es un negocio ruinoso que costará a los contribuyentes más de 4.280 millones de euros. Las pérdidas las asumen al 50% el Estado, los bancos,  las constructoras y los accionistas de las concesionarias de autopistas, pero todo acabará recayendo en el bolsillo del contribuyente, de una u otra manera. Una empresa de Fomento, SETITSA (Empresa de Infraestructura del Transporte), se hará cargo de los activos y pasivos de las concesionarias, que se quedan vacías y sin patrimonio, y a partir de ahí las autopistas intervenidas serán gestionadas por Fomento y vivirán de los Presupuestos del Estado.

Los bancos tendrán que perdonar el 50% de la deuda total de 4.000 millones que tienen con ellos las concesionarias. También perdonarán las constructoras el 50% de lo que les adeudan las autopistas, unos 473 millones en total. El otro 50% de la deuda bancaria lo asume el Estado, que pagará a los bancos en bonos al uno por ciento, durante 30 años. El negocio es ruinoso para el Estado, ya que le endosan 1.800 millones de deuda y 480 millones de créditos participativos que no se devolverán nunca. Estos créditos fueron un regalo que dieron los gobiernos anteriores a las concesionarias para ayudarlas a resistir la crisis.

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La crisis provocó la caída en un 35% del tráfico entre 2008 y 2013 

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Además, el Estado les dio compensaciones por bajo tráfico, más pérdidas, y les subió tarifas de peaje cuando lo pedían. Ni con eso son rentables. La crisis económica fue mortal para las vías, que tuvieron una caída del 35% en el tráfico desde 2008 a 2013.

Y para completar el fiasco hay 2.000 millones de sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos, que ya no pagarán las concesionarias, sino el erario público. Los propietarios expropiados en su día no estaban de acuerdo con los justiprecios y fueron a los tribunales. Han ganado numerosos juicios lo que ha llevado a estos sobrecostes.

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Diez de las vías de peaje se encuentran en suspensión de pagos

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Desde hace dos años las autopistas de peaje son un escándalo en España, con 10 de ellas en suspensión de pagos y a punto de liquidación.

El ministerio de Fomento lleva dos años haciendo juegos malabares para intentar que no quebraran. Ha evitado a toda costa tener que hacerse cargo de ellas en aplicación de los decretos de las concesiones. Eso suponía pagar la llamada cláusula legal de “Responsabilidad Patrimonial de la Administración», que es tanto como indemnizar a las concesionarias por el fracaso con unos 3.000 millones de euros.

La solución final será nacionalizar y repartir los costes entre todos los concernidos, pero la parte peor es para el Estado, que asume vías sin tráfico y en pérdidas. El desastre tiene padres: estas vías fueron adjudicadas en tiempos del gobierno de José María Aznar, siendo el ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Se planificaron nuevas autopistas para un país que crecía en su PIB al 3 y 4% anual, con un parque de automóviles en expansión, dinero barato y crédito fácil. Todo se vino abajo con la crisis de 2008 y las autopistas se convirtieron en ruina para bancos, constructoras, concesionarias y ahora para el Estado, que paga los platos rotos, como siempre.