The Diplomat in Spain

Yago Pico de Coaña

Embajador de España

El inicio en Guatemala del juicio contra el integrante del Comando seis Pedro García Arredondo me hace recordar ahora lo acontecido en el asalto a la Embajada de España en ese país, el 31 de enero de 1980, y me produce siempre un sentimiento de dolor por lo que pudo haber sido y no fue, por lo que pudo evitarse y no se evitó debido a la incomprensión, barbarie y desatino de los responsables: un gobierno de facto y dictatorial presidido por el enloquecido general Fernando Romeo Lucas García (fallecido cuando estaba en situación de busca y captura) y con un delincuente de ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez Ruiz, posteriormente reclamado por la justicia guatemalteca e Interpol.

Guatemala tiene derecho a conocer la verdad para que hechos de la misma naturaleza no se vuelvan a repetir jamás. Treinta y cuatro años después, cuando, como testigo presencial de los hechos, estaba a punto de publicar un libro sobre la materia (que ahora ya está disponible y se presentará en la Casa de América) me sorprendió la triste noticia del fallecimiento del ejemplar Embajador Máximo Cajal.

La única excepción de la democracia española, a la universalidad de relaciones que queremos con todos países iberoamericanos, la constituyó la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala en 1980, como justa, proporcionada e inevitable decisión del Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), que presidía Adolfo Suárez -apoyada por el Parlamento Español en pleno-, ante el salvaje asalto a la sede diplomática española perpetrado por las fuerzas de seguridad y ejércitos guatemaltecos, frente a la negativa y resistencia expresa reiteradamente manifestada por el embajador español y contraviniendo descaradamente cualquier principio de Derecho Internacional conocido.

El Gobierno guatemalteco de entonces cometió un delictivo y criminal abuso de poder, ordenando asaltar una Representación Diplomática, a pesar de haberse comprometido a no hacerlo ante el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja. Tuvo cuantas oportunidades se puedan imaginar para  propiciar una solución negociada con los ocupantes de la Embajada. No  lo hizo. A pesar de conocer perfectamente la situación, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni Protocolo, ni el Ministerio de Gobernación, ni Presidencia se interesaron por averiguar lo que estaba ocurriendo. Los policías decían simplemente que eran unos mandados que cumplían instrucciones. No se permitió el ingreso de la Cruz Roja, ni tampoco de los bomberos que llegaron al lugar diez minutos después de la tragedia, cuando ya no había nada que hacer. Sin conceder la más mínima oportunidad al diálogo, en menos de cuatro horas, se ocupó una Embajada y se asaltó su sede. Existió una dejación total de responsabilidad de dirigentes y asaltantes que se comportaron más como vulgares matones a sueldo que como funcionarios del orden.

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«El Gobierno guatemalteco de entonces cometió un criminal abuso de poder»

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Al comprobar el trágico balance de víctimas y encontrarse frente a una responsabilidad criminal e internacional de primera magnitud, el Gobierno guatemalteco trató por todos los medios de desfigurar los hechos. Impuso la censura previa a medios y periodistas, utilizando la amenaza y/o la eliminación física de testigos. Es simplemente impresionante la lista de personas que sufrieron terribles consecuencias y que perdieron la vida por defender la verdad.

Se contó, con el pleno apoyo internacional desde el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo al secretario general de Naciones Unidas, incluidos los organismos de la Región que entonces existían, tales como el Pacto Andino o la Organización de Estados Americanos (OEA),Cuerpo Diplomático acreditado en el país, la Iglesia y, sobre todo, la Comisión de la Verdad (la Comisión para el Esclarecimiento Histórico), creada y apoyada totalmente por la ONU con investigación e informes técnicos de impecable imparcialidad, elaborados por un conjunto de reconocidos expertos a petición, incluso, del propio Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo nº6-98). Tras un exhaustivo y completo análisis, la Comisión presentó, en febrero de 1999, su informe, titulado “Guatemala, Memorias del Silencio”, sentenciando implacablemente la culpabilidad y responsabilidad de presidente, gobernantes y “fuerzas de orden” guatemaltecos y dando toda la razón a las tesis esgrimidas por España y por su embajador. Aunque fallecido Lucas García el principal culpable, Donaldo Álvarez Ruiz, continúa huido y reclamado por la Justicia, García Arredondo fue uno de los responsables del asalto a la Embajada y por tanto culpable.

Máximo Cajal se comportó en todo momento como un auténtico embajador de España. Su impecable actuación le costó sinsabores y peligros. Desde donde esté (seguro que será un buen lugar) que no se preocupe. A pesar de todas las insidias miserablemente vertidas en su contra, la verdad se ha abierto definitivamente camino encontrando su lugar en la historia. Descanse en paz.