The Diplomat in Spain

Artur Mas con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán./ Foto: La Razón. 

Rosa Paz. Madrid.

Este jueves Cataluña vivirá su “fiesta nacional”, la Diada, que conmemora la caída de la ciudad de Barcelona ante las tropas borbónicas de Felipe V en 1714. Los nacionalistas “venden” esa batalla como si en ella se hubiera perdido la independencia catalana, pero no fue más que la derrota de los partidarios del Archiduque Carlos de Austria, con el que se había aliado la Corona de Aragón y Cataluña, frente a los borbones, apoyados por la Corona de Castilla, en la guerra de Sucesión al trono de España. Una guerra que involucró a las dos dinastías y a varios países europeos y que acabó con la llegada del primer borbón al trono de España.

Esa derrota se produjo el 11 de septiembre de 1714 y cada año los catalanes celebran la Diada. La de este año con un carácter emblemático, porque es la Diada del Tricentenario y porque los independentistas la contemplan como la antesala del proceso de secesión de España que culminaría con la consulta soberanista del 9 de noviembre. Pocos dudan, sin embargo, de que ese referéndum no se va a celebrar porque el Gobierno de España lo impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) y este lo prohibirá. Pero el modo en que se va a desarrollar la política catalana en estos dos meses genera gran incertidumbre y abre incógnitas sobre lo que va a ocurrir a partir de ese momento.

Lo que está marcado por la agenda es que después de la Diada del día 11, que se espera multitudinaria, el Parlamento de Cataluña aprobará el 19 de septiembre la Ley de Consultas con la que el Gobierno nacionalista de Artur Mas pretende tener cobertura legal para convocar el referéndum del 9 de noviembre. En esa consulta se le formularían dos preguntas a los ciudadanos catalanes: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y, en caso afirmativo, «¿Quiere que ese Estado sea independiente?».

Artur Mas tiene intención de convocar la consulta en el mismo momento en que la edición digital del Diari Oficial de Catalunya publique la ley. Pero ambas cosas, la ley y la convocatoria de referéndum serán impugnadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y paralizadas inmediatamente por el Tribunal Constitucional.

Es en ese punto en que que empiezan a surgir las incógnitas. Porque Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el socio preferente del Ejecutivo catalán y el que se está haciendo con la hegemonía política en aquella comunidad, exige a Artur Mas y a su formación política, CiU (la coalición formada por dos partidos, Convergència Democràtica de Cataluña y Unió Democràtica de Cataluña), que no se someta a la prohibición del Tribunal Constitucional y saque las urnas a la calle el 9 de noviembre. Aunque buena parte de los miembros del gobierno catalán y de los dirigentes de CiU aseguran que no tiene sentido una consulta ilegal, Mas insiste en afirmar en público que solo contempla la opción de votar sí o sí el segundo domingo de noviembre.

Sacar las urnas a la calle una vez ilegalizada la consulta por el TC no tendría, sin embargo, ni valor legal, ni reconocimiento internacional posibles. Sería únicamente un acto simbólico de protesta, porque los convocantes no contarían ni tan siquiera con el censo oficial y no habría más participación que la de los independentistas empeñados en plantarle cara al Estado español.

¿Qué ocurrirá, por tanto, si no se puede celebrar la consulta? Dado que Artur Mas y su Gobierno han centrado todas sus aspiraciones en ese referéndum, la imposibilidad de hacerlo aboca inevitablemente a una crisis de dimensiones insospechadas en la que se abren varias alternativas.

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Unas elecciones plebiscitarias tendrían como objetivo la proclamación unilateral de independencia

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La alternativa más barajada es que en ese callejón sin salida Mas opte por disolver el Parlamento y convocar unas elecciones autonómicas anticipadas a las que les querría dar un carácter plebiscitario, acudiendo a ellas con un único punto programático: la independencia de Cataluña. La intención última de ese adelanto sería conseguir una mayoría secesionista en el Parlament de Catalunya que procediera una vez constituida la Cámara a la proclamación unilateral de la independencia. Un hecho así agravaría la crisis con el Estado español pero tampoco parece que fuera a tener efectos reales para la conformación de Cataluña como estado independiente, porque no lograría el respaldo de la comunidad internacional.

Se sopesa la posibilidad de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -el partido fundado por Jordi Pujol, autor confeso de un delito fiscal, y al que pertenece Mas- acuda a esas elecciones en coalición con ERC, ya que su socio desde hace más de 35 años, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido de Josep Antoni Duran i Lleida, ya ha anunciado que no secundará a Mas en ese proyecto y está perfilando una plataforma alternativa a favor de una tercera vía para evitar la ruptura con España.

Pero esa alianza CDC-ERC no es del todo probable, porque la no consulta y la irrupción del caso Pujol están socavando el ya debilitado apoyo social y electoral a CDC, mientras que ERC aumenta sus expectativas electorales como futura primera fuerza política en Cataluña. Ya fue así en las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo. Esquerra podría preferir, por tanto, concurrir en solitario para medir fuerzas y aniquilar electoralmente a CDC.

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Un Gobierno de coalición hasta 2016 dependería del interés de Esquerra

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Otra de las hipótesis que se sopesan es la formación de un gobierno de coalición CiU-ERC que diera estabilidad a la política catalana con la intención de agotar la legislatura, que caduca en 2016. Esta posibilidad tiene también con el inconveniente de depender del interés de Esquerra, que tendría que explicar por qué acude al rescate de un gobierno que se ha plegado a la legislación española frente a lo que ellos denominan “la voluntad del pueblo catalán”.

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No se descarta la dimisión de Artur Mas si no puede celebrar la consulta

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Aunque no es una opción de la que se hable mucho, en medios políticos catalanes no se descarta que Artur Mas pudiera presentar su dimisión ante la imposibilidad de celebrar la consulta. En ese caso sería su partido, CDC, el que tendría que decidir si le conviene más la convocatoria de unas elecciones anticipadas o la investidura de otro de sus dirigentes como presidente de Cataluña. Esta última hipótesis exigiría el apoyo de alguna otra fuerza política para la investidura, dado que CiU no tiene mayoría absoluta.

En el caso de que Artur Mas y su partido decidieran rectificar y abandonar la apuesta soberanista podrían contar con el apoyo de los socialistas catalanes (PSC). Su nuevo líder, Miquel Iceta, así se lo propuso al presidente catalán. No parece probable que vaya a ocurrir, pero esa posibilidad permitiría a CDC salir del callejón sin salida en el que ha entrado y enderezar la deriva de la política catalana.

El PSC tampoco está en su mejor momento, porque la tensión independentista le ha supuesto una escisión interna, con el abandono a cuentagotas de parte de sus dirigentes, que le ha debilitado gravemente.

Este fenómeno de la división interna está afectando a casi todos los partidos que han tenido importancia en Cataluña salvo a ERC, que, por el contrario, está ganando apoyo social y electoral. Hay división entre independentistas y partidarios de buscar otras soluciones para un mejor encaje de Cataluña en España tanto el PSC como en CDC, en UDC y en Iniciativa per Catalunya (ICV), el partido heredero del comunista PSUC.

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Los independentistas catalanes, pendientes del referéndum en Escocia

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Hay un elemento externo que puede tener también gran incidencia en el devenir catalán. El 18 de septiembre, la víspera de la aprobación de la Ley de Consultas catalana, se celebra el referéndum para la independencia de Escocia y todos los analistas coinciden en señalar que su resultado tendrá una gran repercusión en Cataluña. Una derrota de los secesionistas escoceses contribuiría a enfriar las ansias de los separatistas catalanes, mientras que un triunfo les daría mucho más aliento.

Lea aquí el artículo «La acción exterior de la Generalitat de Cataluña para crear un estado”