The Diplomat in Spain

El sociólogo Pedro Arriola,/ Foto: Nueva Economía Fórum.

Cristina de la Hoz. Madrid.

La propuesta de reformar la Ley de Plazos del aborto provocó desde su génesis un fuerte movimiento interno a la contra, afianzado por unos sondeos que demostraban, según Pedro Arriola, sociólogo y asesor de Mariano Rajoy para asuntos electorales, su impopularidad. A principios de septiembre quedó orillado.

El sociólogo Pedro Arriola, casado con Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso y partidaria de la Ley de Plazos del aborto, fue testando a lo largo de estos meses el grado de aceptación de una reforma que sólo ha provocado dolores de cabeza a Rajoy. Apenas quince días después de pasar el anteproyecto por el Consejo de Ministros, el 20 de diciembre del pasado año, Arriola comunicó al “núcleo duro” del PP que el práctico empate técnico PP-PSOE que entonces daban las encuestas, podía romperse a favor de los socialistas si se iba adelante con esa reforma. El vaticinio, realizado en la precampaña de las europeas, alertó a Moncloa.

Por aquel entonces ya se habían producido manifestaciones públicas de destacados barones territoriales rechazando la pretensión de Alberto Ruiz-Gallardón de ir a una nueva Ley más restrictiva que la de 1985 puesto que no recogería el supuesto eugenésico, que permitía abortar en caso de problemas en el feto. El gallego Alberto Núñez Feijóo, el extremeño José Antonio Monago y hasta el siempre prudente castellanoleonés Juan Vicente Herrera, expresaron su oposición. Herrera se preguntó si lo más sensato no era esperar al pronunciamiento del TC, dado que el propio PP recurrió la Ley de Plazos ante el alto tribunal en 2010.

La polémica puso al descubierto los escasos apoyos con que contaba Gallardón. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, hombre de profundas convicciones religiosas, defendía la reforma, también la de Sanidad, Ana Mato, amén de apoyos puntuales entre los escaños del Congreso como los de Eugenio Nasarre o Luis Peral. Jaime Mayor Oreja, ahora también fuera de la política, respaldaba los cambios, pero poco más.

Tras los duros resultados de las europeas, las direcciones territoriales hicieron llegar a Génova su exigencia de que no se mezclara la campaña de las locales y autonómicas con el debate del aborto. Conforme avanzaba el año y Gallardón iba dando fechas para la conversión del anteproyecto en proyecto, Arriola afinaba sus estudios. El último lo desveló el primer fin de semana de este mes: más del 75 por ciento de los electores populares rechazaban la reforma. Cundió el pánico. Una rectificación de tal calibre necesitaba un chivo expiatorio y ese fue Alberto Ruiz-Gallardón.

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Gallardón esgrimió que su reforma se basaba en el recurso ante el Constitucional firmado por Rajoy

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Gallardón explicó en su despedida ante la prensa que “todo lo hice de acuerdo con la doctrina del partido en el recurso ante el TC”. ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos en un texto de 133 folios firmado por 70 diputados del PP, entre ellos Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso Alonso, Jorge Fernández Díaz, Ana Mato, Fátima Báñez y Miguel Arias Cañete?

La llamada Ley de Plazos  o Ley Aído, por el apellido de la ministra que asumió su redacción, fue rechazada por los populares por considerar que el Estado “renuncia a proteger la vida del nasciturus y abandona a su suerte lo que decida su madre”; le deja “en absoluto desamparo al permitir su sacrificio total sin causa objetiva alguna”; “ataca a la vida humana” y hasta comparó la Ley con prácticas totalitarias propias de regímenes nazis al afirmar que “se entra en el camino que justifica todas las fechorías totalitarias que se han perpetrado contra la dignidad del ser humano”.

En cuando al supuesto eugenésico, rechazaban la ampliación de plazos para abortar en caso de “graves taras físicas o psíquicas” del feto alegando que “recordamos teorías eugenésicas de infausto recuerdo que defendieron la tesis de ‘vidas que no merecen la vida ‘ (lebensunwertes leben) o ‘vidas que son una carga’ (ballastexistenzen)”.

Entendía el PP, 25 años después de la regulación de supuestos de 1985, que ya no había lugar para el eugenésico una vez implementadas medidas como la Ley de Dependencia u otras referidas al acceso al empleo, la educación, la vivienda o la movilidad para los discapacitados. De modo que había llegado el momento en que las discriminaciones “no pueden admitirse en un Estado en el que todo ser humano, por grande que sea su discapacidad o grave enfermedad, tiene derecho a no ser discriminado”. Amén de colisionar, como adujo Gallardón, con la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que también recoge el texto del recurso.

Tras argumentar además que la Ley de Plazos no respondía a una demanda social y que el aborto “no puede ser considerado un derecho”, el único punto que se modificará de la actual regulación es el que se refiere a las menores de 16 y 17 años para que sea necesaria la autorización paterna.