Rajoy quiere hablar sobre muchas medidas regenerativas./ Foto: C.P.D./La Razón.
Cristina de la Hoz. Madrid.
La propuesta de que gobierne el partido más votado en las elecciones locales es una vieja aspiración del Partido Popular, ahora rescatada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La misma se ha visto como una prueba de debilidad de una formación política que se enfrenta en mayo de 2015 a unos comicios muy difíciles en los que el jefe del Ejecutivo puede ver muy mermado su inmenso poder territorial con pérdida de mayorías absolutas en bastiones de la importancia de Madrid, como informábamos recientemente en “The Diplomat”. No sería del todo ajustada esta percepción, -considerar una cosa consecuencia de la otra-, pues la iniciativa estaba contenida en el programa electoral con que el partido en el gobierno se presentó a las últimas elecciones generales.
“Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos”, rezaba la propuesta programática del PP en un amplio capítulo referido a la “Regeneración política e institucional”. Pero es más, el propio PSOE respaldó la elección directa de alcaldes en su programa de las elecciones generales de 2004. Y muchos años antes, en 1998, gobernando José María Aznar, el fallecido diputado socialista Alfonso Perales defendió en la cámara que todo candidato que recibiera la mitad más uno de los votos sería proclamado alcalde. De no alcanzarse este porcentaje, se iría a una segunda vuelta entre los que hubieran conseguido, al menos, el 15 por ciento de los apoyos.
La vez que se estuvo más cerca de tratar este asunto entre las dos grandes fuerzas políticas del país fue en 2010. Los diputados José Antonio Bermúdez de Castro, por el PP, y el histórico Txiki Benegas, por el PSOE, capitanearon una ardua negociación en el seno de la subcomisión de reforma electoral. De aquel consenso salieron propuestas novedosas, como la que puso fin al transfuguismo político como vía para cambiar las mayorías de los ayuntamientos, práctica hasta entonces bastante habitual. También hubo acuerdo a la hora de dificultar el acceso de las marcas proetarras a las listas electorales, aunque “canibalizaran” siglas legales, y se creó la figura de la “incompatibilidad sobrevenida”, de modo que se podía quitar el acta a aquel concejal o parlamentario de un partido declarado ilegal.
El PP asegura que se trata de «preservar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos»
Pero PP y PSOE no consiguieron avanzar en el capítulo de la elección directa y mayoritaria de los alcaldes. “No salió adelante porque el PSOE no lo vio claro”, recuerda Bermúdez de Castro, que añade: “el PP lo propuso, pero el PSOE prefirió dejarlo aparte”. Por mor del consenso, los populares, entonces en la oposición, apoyaron el resto de medidas, pero ahora, en el gobierno de la Nación, Rajoy lo rescata como una vía de regeneración democrática que ha sido muy criticada por el arco parlamentario.
Bermúdez de Castro niega que se trate de un “juego de titulares” sino que lo reivindica como una medida a través de la cual se preserva “la voluntad mayoritaria de los ciudadanos”, de modo que “la cuota de poder se corresponda con la cuota de representación”. En definitiva, no sólo se trata de que gobierne el más votado sino de que lo haga además con una mayoría holgada que dote de estabilidad la legislatura, entre otras cosas, porque los alcaldes, a diferencia del Gobierno de la nación y de los presidentes autonómicos, no tienen capacidad de disolución anticipada de la corporación local para la celebración de elecciones.
Además, en el ámbito local se produce con asiduidad un fenómeno del que no es ajeno del todo el nivel autonómico: la aparición de pequeñas formaciones políticas tras las que se esconden intereses muy concretos, principalmente urbanísticos. De este modo, con un solo concejal pueden convertirse en la llave de la gobernabilidad del municipio. Estos partidos de intereses espurios han marcado no pocas veces la política de muchos ayuntamientos de España en el que ha sido el principal foco de corrupción: el urbanismo.
La propuesta es para el ámbito local, pero si se extiende al autonómico afectaría a algunos presidentes
El PSOE ha respondido a la propuesta a modo de ducha escocesa. Por un lado ha expresado su voluntad de tratar el asunto, pero ha advertido que “no se pueden cambiar las reglas del juego en unos meses”, según enunció Alfredo Pérez Rubalcaba, ya de salida, aunque no parece que en este tema vaya a haber muchas diferencias entre los aspirantes a la secretaría general del primer partido de la oposición. Más llamativa fue la reacción de la presidenta de la Comunidad Andaluza, Susana Díaz, que lo llamó “oferta trampa”. Quizá se dio por aludida puesto que ella gobierna gracias a un pacto con Izquierda Unida no sólo sin haber ganado las elecciones sino incluso sin haber sido la candidata de su partido.
En principio Rajoy solo habla del ámbito local aunque hay otros barones populares partidarios de extenderlo al autonómico. Es el caso del gallego Alberto Núñez Feijóo y del extremeño José Antonio Monago. El primero gobierna con mayoría absoluta, no así el segundo, que podría haberse visto descabalgado del ejecutivo regional por mor de un pacto PSOE-IU. No lo hubo. El odio sarraceno entre las dos formaciones de la izquierda extremeña hizo imposible un frente común, pero Monago, que ganó para el PP las elecciones por vez primera en treinta años, vive una especie de legislatura “regalada”.
Los populares llaman a los pactos postelectorales “alianzas entre perdedores” cuya única oferta programática es descabalgar al PP; por su lado, el PSOE, apela a la legitimidad democrática de esos acuerdos.
Gobierno y PP quieren sentarse a hablar de ésta y de otras tantas medidas de regeneración como el Estatuto del Cargo Público, anunciado por Rajoy hace más de un año, aunque en estos momentos “no encontramos interlocutor” en las filas del PSOE, inmerso en un proceso de renovación que culminará a finales de este mes en un congreso extraordinario. No parece, sin embargo, que esta vez vaya a ser distinta a 2010. El PP quiere una reforma de la que recela el PSOE y el Gobierno no quiere correr con el desgaste de tocar algo tan sensible como la Ley electoral sin el apoyo del primer partido de la oposición. Incluso aunque hubiera acuerdo, no es previsible que los plazos dieran para que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) fuera de aplicación en las elecciones locales del último domingo de mayo del año que viene.