The Diplomat in Spain

Rajoy, con los candidatos del PP en las elecciones autonómicas de 2011.

Cristina de la Hoz. Madrid.

Génova (la sede del Partido Popular) está a la espera de que el presidente del Gobierno empiece a nombrar candidatos locales y autonómicos para los feudos populares más importantes como Madrid, Valencia y Murcia donde están en riesgo las mayorías absolutas.

A la agenda reformista con la que Mariano Rajoy quiere culminar lo que queda de legislatura, se une otra no menor que afecta a cuestiones internas de su partido de gran calado. Tras los discretos resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo, el PP ha culminado un proceso de análisis interno alarmado ante el riesgo de que su electorado mantenga la misma actitud de rechazo de cara a los comicios locales y autonómicos de mayo del año que viene. Se dice que toda elección es una segunda vuelta de la precedente y unas primarias de la que le sigue, y, en este caso, la cita de mayo puede convertirse en antesala peligrosa de las legislativas de finales de 2015.

Bien es cierto que tan solo en España, Alemania e Italia han ganado las elecciones europeas los partidos gobernantes, lo que no exime al PP de hacer una reflexión a fondo sobre las debilidades internas así como de sus carencias, siendo la más llamativa de todas, la ausencia de candidatos claros para plazas importantes tanto municipales como autonómicas.

En lo que afecta a los cometidos de la dirección popular, tanto su secretaria general, María Dolores de Cospedal, como el “número tres” del partido, el responsable de Organización, Carlos Floriano, se han puesto manos a la obra con la mente puesta en el periodo preelectoral que se abre justo a la vuelta de las vacaciones de verano.  Pero la cuestión de las candidaturas más importantes “depende en exclusiva de Rajoy”, explica un dirigente de Génova 13, que no deja entrever el temor que albergan en no pocas direcciones regionales del partido respecto a los plazos de su jefe de filas. Que se lo digan a Miguel Arias Cañete, confirmado cabeza de lista al Parlamento Europeo casi en el tiempo de descuento.

Y no son pocas ni insignificantes las incógnitas que quedan por despejar. Madrid es el primer punto de interés de este análisis. El feudo electoral por excelencia, el incontestable granero de voto popular, corre peligro por primera vez en más de dos décadas, más la alcaldía que el gobierno de la Comunidad. Los sondeos apuntan no a una pérdida de las elecciones como de la mayoría absoluta, condición sine qua non para que el PP conserve el gobierno de ambas plazas impidiendo una alianza de la izquierda.

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Comunidad y ayuntamiento de Madrid están gobernadas por dos personas que no fueron elegidas para ese cargo

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Actualmente, comunidad y ayuntamiento están gobernadas por dos personas que no fueron elegidas para ese cargo en las anteriores elecciones. Se trata de Ignacio González y de Ana Botella. El primero sucedió a Esperanza Aguirre después de que esta anunciara sorpresivamente que dejaba su cargo electo, conservando el liderazgo regional del partido. La segunda sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón cuando Rajoy le llamó para su Gobierno en calidad de ministro de Justicia. En este caso ni la salida de Gallardón ni la designación de Botella, esposa de José María Aznar, cogió a nadie por sorpresa.

La dificultad radica en que el actual presidente regional y la alcaldesa de la capital de España no están testados electoralmente. Distintos sondeos sobre intención de voto apuntan a que la Comunidad puede aguantar y González ya ha dicho públicamente que quiere ser el candidato. Respecto a Botella, que no parece asegurar ni mucho menos la mayoría absoluta, “estamos esperando que diga qué quiere hacer”, afirman fuentes de la dirección nacional  y, en este sentido, la alcaldesa da mensajes contradictorios.

“Rajoy no puede permitirse el lujo de perder Madrid y, además, pocos meses antes de unas elecciones generales”, subrayan desde Moncloa, donde rechazan que sea Botella la que decida por sí misma su futuro político en tanto en cuanto no garantiza mantener el ayuntamiento, mientras que la posibilidad de tener de aliado a UPyD genera poca confianza. Ahí comienzan las quinielas de nombres, desde rescatar a Esperanza Aguirre a sacar a Soraya Sáenz de Santamaría de la vicepresidencia para hacerla candidata o apostar por otros rostros emergentes como el de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Rajoy, fiel a su estilo, se mantiene silente.

Otro foco de preocupación para el partido en el Gobierno es la comunidad de Valencia. Tras extrapolar los resultados de las pasadas elecciones europeas, se da por perdida la mayoría absoluta que se ha revalidado desde 1995. Tampoco Fabra fue candidato en 2011. Llegó  a la presidencia regional  tras la dimisión de Francisco Camps por el affaire de los trajes de la Gürtel. Desde entonces ha lidiado con una endiablada situación en la que se han mezclado casos de corrupción por doquier y una crisis económica elefantiásica.

Con todo, lo peor para Moncloa no es tanto una pérdida de poder territorial como el riesgo de que una alianza de izquierdas que una a PSPV, IU, Compromís y Podemos acabe forzando una senda como la catalana, por el derecho a decidir, para construir la quimera de los “paisos catalans” como si no hubiera suficiente con un órdago secesionista de la entidad del que ha presentado Artur Mas.

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Murcia y Canarias están abocadas a un cambio de candidato del Partido Popular

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Suma y sigue. A esta lista de preocupaciones se incorpora el futuro del ejecutivo regional murciano, también impelido a un cambio de candidato. Ramón Luis Valcárcel, incombustible presidente autonómico desde 1995, pasó a engrosar la lista de las recientes elecciones europeas. Su sustituto en Murcia, Alberto Garre, tampoco parece del gusto de Génova para ser el cabeza de lista en mayo del año que viene ya que genera dudas sobre la posibilidad de que revalide la mayoría absoluta. Otra plaza “popular” que corre peligro.

En Canarias la cuestión se presenta peliaguda dado que puede abocar a una crisis de Gobierno. El candidato “natural” para esta plaza no es otro que el ministro de Industria, José Manuel Soria. Desde el PP minimizan el alcance de las movilizaciones en las islas contra las prospecciones petrolíferas, avaladas por el Tribunal Supremo.  “Los que protestan son una minoría”, según Génova. Rajoy, alérgico a los cambios de “personal”, tiene que sopesar si le compensa mandar a un renuente Soria otra vez de candidato para dar entrada a alguien nuevo en el Consejo de Ministros.

Por su parte, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, se ha cansado de decir que éste es su último mandato, pero la “casa madre” no parece haberse dado por enterada. No es descartable su continuidad, así como la de Pedro Sanz en La Rioja y la de José Manuel Monago en Extremadura. Es el caso, también, de Cospedal en Castilla-La Mancha, una de las Comunidades donde el PP salió mejor parado el pasado 25-M, con unos sondeos electorales autonómicos favorables. Tampoco hay dudas con respecto a la candidatura de Luisa Fernanda Rudi en Aragón, de José Ramón Bauzá en Baleares y de Ignacio Diego. Asturias sí es una incógnita. El PP no acaba de encontrar su hueco en una tierra marcada por la presencia de Francisco Álvarez-Cascos.

Navarra presenta también muchas preguntas sin respuesta tras la ruptura con UPN. Hay un problema serio de implantación del partido así como de liderazgo, en un territorio donde Bildu crece como la espuma y no se hacen ascos a la creación de un frente postelectoral UPN-PSN-PP para frenar a los abertzales.

Salvo adelantos electorales, Andalucía –con nuevo liderazgo regional, el de Juan Manuel Moreno– y Cataluña –donde se mantiene Alicia Sánchez Camacho– dan algo más de margen aunque las perspectivas no son muy halagüeñas para el partido en el Gobierno. Sí lo son en Galicia, donde repetirá con toda probabilidad uno de los más potentes barones populares, Alberto Núñez Feijóo, mientras que en el País Vasco se estrenarán con nueva candidata, Arantza Quiroga. Al igual que en Navarra, el PP tiene falta de implantación territorial en Cataluña y en el País Vasco, cuestión que también se está analizando en Génova.

Precisamente, Feijóo encabeza una petición de reforma de la ley electoral para comicios autonómicos y locales de modo que gobierne el partido más votado sin que los pactos postelectorales puedan acabar en fórmulas de coalición no pocas veces “contranatura”. Propone que bien, automáticamente, se haga con el gobierno la formación que ha recibido más papeletas de los ciudadanos o se vaya a una segunda vuelta. Y es que el gran hándicap del PP es que no le basta con ganar, sino que tiene que hacerlo con una mayoría incontestable y para eso necesita candidatos con tirón. Todos los ojos se vuelven hacia Mariano Rajoy.