El sector turístico es uno de los más atractivos para las empresas españolas en Cuba.
Eva Cantón. Madrid.
España es uno de los primeros inversores en Cuba y uno de sus principales socios comerciales, una relación que, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, descansa básicamente en las más de 200 pymes que operan en la isla. Sin embargo, la asignatura pendiente es que el mercado cubano sea también atractivo para las grandes empresas.
Esta puerta podría abrirse con la nueva ley de inversión extranjera y el proyecto para el desarrollo de la zona de Mariel que ayer presentó en el Consejo Superior de Cámaras una delegación del Gobierno cubano encabezada por la viceministra de Comercio exterior, Ileana Núñez, ante representantes de unas 130 firmas españolas.
El reciente marco legislativo, aprobado el pasado 29 de marzo, se rinde a la evidencia de que ni las empresas estatales ni los cubanos residentes en la isla disponen de recursos suficientes para garantizar el crecimiento económico.
De ahí que el régimen castrista haya optado por la vía de la inversión extranjera. Los objetivos son múltiples: sustituir las importaciones, promover la exportación, desarrollar las infraestructuras, establecer nuevos patrones tecnológicos y aumentar la producción de alimentos, sector en el que Cuba es ahora importador neto.
La ley permitirá el establecimiento de negocios cien por cien foráneos en aquéllos proyectos que el Estado juzgue prioritarios, como los dirigidos a las áreas de energía y minas, turismo e industria.
Las ventajas fiscales, gancho de Cuba para atraer la inversión española
Su principal gancho para animar a los empresarios es el atractivo régimen tributario, que contempla entre otras cosas exenciones fiscales por la contratación de trabajadores, ausencia de aranceles durante el proceso de establecimiento y libertad para transferir dividendos al exterior sin necesidad de pagar impuestos.
Otro de los escollos que las autoridades cubanas han intentado subsanar es el largo proceso burocrático para instalarse en la isla. Por eso se ha establecido una ventanilla única que tendrá que dar un sí o un no definitivo al proyecto inversor en un plazo máximo de 60 días desde la recepción de la solicitud.
Las fórmulas jurídicas para afincarse en Cuba se flexibilizan y podrán ser empresas mixtas o de capital totalmente privado en manos de personas físicas o jurídicas, filiales o sucursales. También posibilita la participación de los cubanos, tanto residentes en la isla como de fuera, en las inversiones de empresas extranjeras.
“En la selección del inversor prevalece la experiencia y el prestigio de la entidad que representa en el negocio de que se trate, requisitos que no guardan relación con su procedencia u origen”, señala el documento explicativo elaborado por la delegación cubana.
Y para que no se les pueda acusar de cerrar la puerta a los residentes en Estados Unidos, el texto señala que ni la ley vigente ni la aprobada en marzo les pone límites. “La limitación no la establece Cuba sino el férreo bloqueo impuesto por el Gobierno norteamericano”.
Las únicas excepciones al capital extranjero se sitúan en los servicios de salud y educación destinados a la población y en los de defensa y seguridad interior. No obstante, se permitirán empresas de servicios dirigidas a llevar pacientes al sistema sanitario cubano, por ejemplo.
La zona de Mariel se quiere convertir en un polo industrial y tecnológico
Con este nuevo armazón legislativo el interés del Gobierno cubano se volcará en la llamada Zona de Especial Desarrollo (ZED) de Mariel, localidad situada a 45 kilómetros al oeste de La Habana, que concentrará el grueso de la inversión extranjera para convertirla en un polo industrial y de innovación tecnológica.
“Se van a fomentar los proyectos industriales, agropecuarios, metalmecánicos, turísticos y todo tipo de actividades permitidas por las leyes cubanas, por lo que se abren nuevas oportunidades para las empresas españolas”, destacó el presidente de las Cámaras de Comercio y anfitrión del encuentro, Manuel Teruel.