Durao Barroso, Obama y Van Rompuy en la última cumbre UE-EEUU, en Bruselas.
Agustín Yanel. Madrid
Los documentos que han trascendido en los últimos días referidos a las negociaciones que mantiene la Comisión Europea con Estados Unidos, para firmar el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnesrship, TTIP) han hecho saltar las alarmas en la izquierda española y europea. Dicen que uno de los principales objetivos de ese futuro tratado es eliminar los obstáculos normativos que existen ahora para hacer posible que las grandes empresas estadounidenses incrementen sus beneficios a costa de la Unión Europea.
Movido por esa sospecha, que se alimenta en el secretismo con que se llevan a cabo las negociaciones desde hace un año, el grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU, ICV-EUiA. CHA) ha solicitado que comparezca con urgencia en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para que explique las consecuencias que tendrá para España ese tratado.
Su portavoz, José Luis Centella, que ya había denunciado en el Congreso sus sospechas, no tiene duda: «Estamos ante una operación para convertir a la Unión Europea y, de forma muy especial, a sus Estados del sur, en presa fácil de los negocios previstos por las grandes corporaciones norteamericanas”, ha dicho.
Centella, como otros políticos de la izquierda europea, se queja del secretismo de estas negociaciones, pese a que la Comisión Europea dice que es transparente. «No se conocen detalles concretos de las negociaciones», ha afirmado, «sólo algunos documentos que se van filtrando y que permiten hacerse una idea real del negativo alcance que tendrá este acuerdo y de los pilares en que se sustenta”.
Por lo que se ha publicado sobre el futuro acuerdo, en IU aseguran que no sólo acarreará «una nueva oleada de privatizaciones de servicios públicos», sino que en España afectará de manera muy negativa a los convenios laborales de las empresas, a las normas reguladoras del control sanitario de determinados productos e incluso a los estándares referidos al medio ambiente o la propiedad intelectual.
Organizaciones de la izquierda europea inician una campaña en contra del Acuerdo con EE UU
Las protestas también han comenzado en Europa, donde distintos movimientos y organizaciones sociales van a poner en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) contra la negociación de este Acuerdo de Libre Comercio y también contra el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, en sus siglas en inglés) que van a ratificar la Unión Europea y Canadá.
En el mes de septiembre van a iniciar una recogida de firmas, con el objetivo de que se cancele el mandato para negociar el TTIP y no se siga adelante con la ratificación del CETA. El Partido de la Izquierda Europea (PIE), integrado por 26 partidos miembros y siete observadores, ha decidido apoyar esta iniciativa, a la que ya se han sumado más de 250 organizaciones de países de todo el mundo.
La Federación Europea de Periodistas (FEP), a la que pertenece en España la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), también se ha sumado a la campaña, exigiendo transparencia en las negociaciones con el lema «Las personas tienen derecho a saber».
La FEP defiende que la ciudadanía «tiene derecho a saber qué es lo que se está poniendo encima de la mesa y cómo se están tomando las decisiones». Reclama que estas negociaciones se lleven a cabo mediante un debate democrático, porque «son las personas y no las empresas quienes tienen que poder participar en una discusión sobre qué economía, qué entorno y qué futuro queremos».
