El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Cristina de la Hoz. Madrid
Cuando el 25 de mayo en torno a las diez de la noche se conozca el escrutinio de las elecciones europeas, Gobierno y Partido Popular, por un lado, y PSOE por otro, deberán empezar a tomar una serie de decisiones en clave de política interna que marcarán lo que resta de legislatura. A su favor tienen que, tras vaticinar una debacle en votos y euroescaños, los sondeos dan un respiro al Ejecutivo de Mariano Rajoy y permiten cierto alivio a Alfredo Pérez Rubalcaba, no porque se asegure su continuidad al frente del PSOE, pero sí un proceso de transición organizado sin que estallen las estructuras del partido.
Se trata de la primera consulta ante las urnas de ámbito nacional desde las generales del 20-N de 2011, en circunscripción única, por lo tanto, sin las distorsiones del reparto de restos. En definitiva, casi un sistema proporcional puro que permitirá testar la salud del Ejecutivo así como de un PSOE que parece no terminar de tocar suelo, sin olvidar, tampoco, otro elemento que hace de estas europeas algo único: el deseo de los independentista de convertir las elecciones en unas primarias de su referéndum pro secesión.
Los populares se enfrentarán a la necesidad de adoptar nuevas medidas poco populares
Aparentemente, el inquilino de la Moncloa no tiene motivos para afrontar el próximo domingo con ningún temor si se confirman los datos de las encuestas, que le sitúan por encima de los 20 escaños como el partido ganador. Es fácil adelantar los argumentos que esa misma noche ofrecerá Génova: los españoles han vuelto a confiar en el único partido que creen que les puede sacar de la crisis y afrontar con garantías de éxito el futuro. Porque esa es, precisamente, la debilidad del jefe del Ejecutivo, la necesidad de un nuevo impulso con el que afrontar lo que resta de legislatura; legitimar su política de ajustes y recortes; refrendar el respaldo ciudadano.
Quizá desde el punto de vista económico, las medidas más impopulares ya se han tomado. Hay por delante un ajuste de 3.000 millones de euros que se podrá afrontar sin grandes consecuencias y una anunciada rebaja de impuestos, IRPF y sociedades fundamentalmente, que vendrá a coincidir con las próximas elecciones generales después de años de asfixia al contribuyente. Pero la tan traída y llevada recuperación será muy débil hasta 2017 y el desempleo, auténtico talón de Aquiles de la economía de nuestro país, seguirá todavía disparado por encima del 20 por ciento hasta ese año. Se ha prometido la creación de 600.000 puestos de trabajo entre 2014 y 2015. Desde el Departamento que dirige Fátima Báñez aseguran que, incluso, han sido conservadores en los cálculos.
Si estas elecciones van bien para Moncloa y la creación de empleo sigue resistiéndose, hasta el punto de poner en riesgo el compromiso de que la legislatura acabará con menos paro que con el que arrancó, no es descartable una nueva vuelta de tuerca para rebajar aún más los costes laborales. Siempre se podrá enarbolar la legitimidad que da seguir contando con el apoyo ciudadano en una campaña europea marcada por el discurso de la política nacional, como ha sido siempre, por otra parte.
Al margen de la economía, hay otro asunto que espera tiempos mejores guardado en el cajón: la reforma de la Ley del aborto. Y esos tiempos mejores pueden venir de la mano, también, de un buen resultado el 25-M. El objetivo sería intentar sacarla adelante antes del verano puesto que a la vuelta de vacaciones los barones territoriales del PP comienzan su precampaña de cara a los comicios autonómicos y locales de dentro de un año y no quieren que esa polémica reforma interfiera en su agenda política, aunque a partir de septiembre la misma estará marcada por las primarias socialistas y la consulta independentista en Cataluña.
Otra cosa es que haya tiempo para que se apruebe la reforma gallardonista en plena canícula. Todavía están pendientes los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -con dos propuestas, una progresista y otra conservadora, enfrentadas- y del Ministerio Fiscal. Y sólo después de su pronunciamiento y de la incorporación de sus sugerencias, si así lo estima conveniente Justicia, se remitiría al Consejo de Estado. Allí caería en manos de Miguel Rodríguez Piñero, que fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995, bajo gobierno de Felipe González. No faltan, sin embargo, en el Gobierno y en el PP los que piensan que lo mejor es olvidar definitivamente esta controvertida reforma.
En caso de debacle, los socialistas se verían abocados a un Congreso extraordinario
Así, mientras el Gobierno necesita una nueva inyección de legitimidad ciudadana, Alfredo Pérez Rubalcaba defiende que todavía hay partido que jugar para intentar no perder el 25-M o no perder por mucho. Si no se erige con el triunfo, un empate técnico le ayudaría a salvar la situación sin precipitar un proceso que debe culminar en el mes de noviembre con primarias estilo francés para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno. La última encuesta preelectoral del CIS hablaba de una distancia de 2,7 puntos a favor del PP. Los grandes bajarían con respecto a 2009, mucho más el PSOE que el PP, pero nada que no se pueda defender con un buen discurso de muebles salvados.
Si Rajoy tiene que contrarrestar el desgaste de una durísima legislatura, el PSOE anda todavía recomponiendo los trozos de su debacle histórica, primero en las Comunidades y ayuntamientos, y luego del Gobierno de la nación. Pero es que, además, sus socios europeos no le han puesto fácil el discurso de cara a estas europeas. ¿Cómo arremeter contra Angela Merkel si gobierna en coalición con el SPD? ¿De qué forma defiendes la ejecutoria del jefe de gobierno francés, Manuel Valls, cuando lo primero que ha hecho ha sido sentar las bases para un recorte de 50.000 millones de euros? Valls participará en un acto del PSOE en apoyo a Elena Valenciano el próximo día 21, mientras que el PP ha preferido dejar a los “partidos hermanos” cada uno en su casa, con la única excepción de Jean-Claude Juncker, el candidato del PPE a la presidencia de la Comisión, que provoca un entusiasmo perfectamente descriptible entre las filas populares.
En caso de un descalabro socialista sería imposible embridar el debate sobre la continuidad de Rubalcaba y los hechos se precipitarían, no hacia unas primarias, sino hacia un congreso extraordinario, escenario que prefiere la líder territorial más potente del PSOE, la andaluza Susana Díaz. Siempre es más fácil “monitorizar” una cita congresual que un proceso de resultado incierto abierto a los simpatizantes y que genera no pocas dudas incluso entre algunos de los posibles aspirantes. No hay unanimidad, en cambio, sobre qué desea el actual líder socialista. Todo depende de que Elena Valenciano gane las europeas, escenario en el que Rubalcaba podría coquetear con la idea de concurrir a las primarias, pero, para ello, se intentaría garantizar antes el triunfo y eso se antoja imposible.
Los independentistas catalanes se juegan la supervivencia de su desafío
La tercera foto fija de estas elecciones tiene el foco situado en el órdago independentista de Artur Mas, que condiciona el debate político nacional ante el mayor desafío que se ha presentado al Estado. La intención declarada de la Generalitat es aventajar en votos a los constitucionalistas en Cataluña y hacer valer la fuerza de los mismos ante las instituciones europeas. La supervivencia del desafío se juega en muy buena medida el 25-M, dado que se pretende utilizar como elemento legitimador de la consulta separatista convocada para el 9 de noviembre.
No cabe duda de que el 25-M puede servir bien para despejar el escenario político de aquí a finales de legislatura o para embarrarlo justo cuando comienzan a darse los primeros signos de una recuperación económica para la que todavía hay que recorrer un largo camino.
