The Diplomat in Spain

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cristina de la Hoz. Madrid

Tras la celebración de las elecciones europeas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene por delante un apretado calendario para culminar lo que queda de legislatura y  presentarse a las siguientes elecciones generales con perspectivas de revalidar su triunfo de 2011. Si bien es cierto que han sido dos años y medio de duro ajuste en los que el grueso de los cambios estructurales ha culminado, el Ejecutivo mantiene su agenda reformista, en buena parte porque los índices de desempleo en España continúan siendo insoportables, colocándonos, junto a la rescatada Grecia, a la cabeza de la Unión Europea. 

Dentro de esta agenda de reformas destaca, sin duda, la del sistema fiscal, destinada tanto a mejorar la capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario como a fomentar el crecimiento y el empleo, según la declaración de principios que el Gobierno hace en el Plan Nacional de Reformas aprobado en abril y presentado a Bruselas.

Otro paquete pendiente de completar es el de la regeneración democrática en una legislatura marcada por dos grandes casos de corrupción que han afectado y afectan a PP y PSOE y llevado a la clase política al top de las preocupaciones de los ciudadanos. Los papeles de Luis Bárcenas, que fuera tesorero popular, y la supuesta estafa millonaria de los ERES de Andalucía han terminado por minar la confianza en el sistema. Todo ello unido a la profunda crisis económica contribuye a crear una especie de “tormenta perfecta”.

Pero además de las reformas pendientes, el presidente del Gobierno tendrá que administrar la endiablada situación generada por el órdago independentista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en lo que constituye uno de los mayores desafíos presentados al Estado de nuestra democracia. Los secesionistas catalanes han convocado para el 9 de noviembre una consulta de autodeterminación que carece de cobertura legal y parecen dispuestos a declararse en rebeldía.

A continuación, se pormenorizan los diez deberes que tiene Rajoy sobre la mesa para el resto de la legislatura.

Reforma fiscal

Se trata, sin duda, del proyecto estrella del Gobierno para este año. El objetivo es presentarla en el segundo semestre, para que sea efectiva en 2015, recogiendo algunas, que no todas, de las aportaciones realizadas por una comisión de expertos que ya ha terminado sus trabajos. Con la reforma se persigue modernizar el sistema tributario; eliminar lo que califican de sesgo desincentivador del empleo y la baja recaudación así como contribuir a la consolidación fiscal, entre otros fines. Rajoy ya anunció en el último debate del Estado de la Nación que quedarían exentos de tributación los trabajadores que ingresen menos de 12.000 euros al año. Asimismo se rebajarán los tipos impositivos de las rentas bajas y medias, se ampliarán las bases imponibles y se elevarán los mínimos personales por hijos. En cambio, pueden incrementarse los impuestos sobre patrimonio, medioambientales y los que afectan a la actividad del sector financiero. Con esta reforma se pretende asimismo eliminar dos de los talones de Aquiles de nuestro sistema, esto es, la evasión y el fraude fiscal, muy por encima de la media europea.

Empleo

Tras la celebración de estas elecciones europeas el Gobierno ha anunciado la aprobación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha estimado en 600.000 los puestos de trabajo que se crearán entre este año y el que viene, lo que posibilitara, según cálculos de Economía, acabar la legislatura con menos parados que como empezó. Este plan incluye la puesta en marcha de programas operativos específicos para fomentar el empleo juvenil así como incrementar los niveles de formación y educación, con una dotación total de 2.360 y 2.130 millones de euros, respectivamente. Para ello se pondrá en marcha un nuevo modelo de formación profesional. Habrá asimismo desarrollos reglamentarios de la Ley de Empleo y medidas dirigidas a vincular las políticas activas y pasivas. En el capítulo de la lucha contra el fraude y economía sumergida se prevé la redacción de una nueva ley para ordenar el sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social, además de la creación de una Oficina Nacional de lucha contra el fraude.

Crédito a las empresas

El pasado 28 de febrero el Consejo de Ministros conoció el texto del anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, que deberá aprobarse en los próximos meses. El objetivo es abrir el grifo crediticio de modo que las pymes puedan tener un acceso directo a la financiación que ahora se les niega y que es una de las principales causas del estrangulamiento económico. La nueva Ley obligará , por ejemplo, a establecer un sistema de preaviso cuando la financiación vaya a ser cancelada por la entidad financiera, se pontenciará el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil y se regulará el “crowdfunding” estableciendo límites por inversor así como transparencia de las plataformas electrónicas donde contactar de forma directa inversores y proyectos.

Administraciones Públicas

El Gobierno aprobó el año pasado una ambiciosa reforma de las Administraciones Públicas destinada a evitar duplicidades entre los niveles local, autonómico y estatal. Todo ello se resumió en un amplio informe realizado por la Comisión para la Reforma de la Administración, conocido como CORA. De las 221 medidas que contempla ya se han implementado 63. El resto están en fase de ejecución. En este capítulo destacan dos proyectos a desarrollar este año: la reforma de la Ley General de Subvenciones así como de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Con la primera se pretende controlar la concesión de ayudas públicas a actividades privadas, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones. Con la segunda, quedará estrictamente supervisada la creación de entes o empresas públicas y los medios con los que se dotan.

Financiación autonómica

El Gobierno prefiere aplazar esta reforma a pesar de las críticas que el modelo vigente recibe por parte de los presidentes autonómicos del PP, que han exigido públicamente a Cristóbal Montoro que les siente en una mesa negociadora. Montoro, se comprometió a pactar antes de finales de año en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera CPFF) un nuevo sistema que eliminara las distorsiones del actual. Sin embargo, llegados este punto, parece que se limitará a hacer unos retoques coincidiendo con la reforma fiscal, de modo que los cambios quedarían reducidos a la participación de las Comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Moncloa no quiere abrir la caja de los truenos, por lo que se limitará a realizar un balance de la actual Ley de Financiación retrasando un nuevo modelo para la siguiente legislatura. El órdago soberanista de Artur Mas tiene mucho que ver con este retraso, puesto que la Generalitat acudiría al Consejo no sólo con una petición de pacto fiscal, sino, probablemente, con la exigencia de una hacienda propia de un país independiente.

Agenda europea

Rajoy se ha marcado como objetivo presionar en las instituciones comunitarias para concluir la unión bancaria una vez puesto en marcha en abril de este año el Mecanismo Único de Resolución. Asimismo, la inmigración aparece en la agenda del Gobierno dada la condición de frontera sur de Europa de nuestro país con la presión sobre Ceuta y Melilla. Propone reforzar los mecanismos de cooperación con los países de origen así como las actividades del Frontex y redoblar esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos. Además, el jefe del Ejecutivo deberá proponer un nuevo comisario comunitario, que será también vicepresidente de la Comisión, una vez se cumpla el mandato, este otoño, del socialista Joaquín Almunia. Se da por segura la designación de Miguel Arias Cañete, al que consideran impoluto tras sus polémicas palabras sobre la “superioridad intelectual” cuando se debate con una mujer. Asimismo, Moncloa parece dispuesta a dar la batalla por la presidencia del Eurogrupo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, parece llamado para ese destino en caso de que España tenga posibilidades de aspirar al puesto. Ello obligaría a Rajoy a abordar una nueva remodelación del Gobierno.

Lucha contra la corrupción

El pasado mes de febrero el Gobierno remitió a Cortes dos proyectos de Ley que completan lo que se ha dado en llamar el “paquete anticorrupción” en una legislatura marcada por el “caso Bárcenas” y el de los ERES falsos. Uno es el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el otro la Ley reguladora  del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que se pretenden aprobar en el segundo semestre del año. Con la nueva regulación quedarán prohibidas las donaciones a partidos de personas jurídicas así como las condonaciones de deuda por parte de los bancos y se incrementa la capacidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Además quedará cubierta una laguna de nuestro sistema, que carece de estatuto del cargo público. Éste deberá carecer de antecedentes penales de algunos delitos, como terrorismo, y declarar su situación patrimonial al término del ejercicio de su labor. Pero quizá la parte más llamativa de esta reforma es la regulación del papel de los tesoreros de los partidos, que tendrán que comparecer en el Congreso de los Diputados.

Reforma de la Ley del Aborto

Es la gran incógnita de la legislatura. De momento, ha permanecido guardada en el cajón para no interferir en la campaña electoral, a sabiendas de que este es un territorio en el que se mueven con evidente incomodidad el PP, el Gobierno y sus barones territoriales, algunos de ellos, como el gallego Alberto Núñez-Feijóo y el extremeño José Antonio Monago, muy críticos. De momento, no hay informes preceptivos ni del CGPJ ni del Ministerio Fiscal, aunque en el Consejo ya existe un pronunciamiento en contra de la reforma de una de las ponentes elegidas. Hasta que no existan dichos dictámenes no se remitirá la reforma, modificada o no, al último órgano consultivo, el Consejo de Estado, donde caería en la sección segunda, presidida por Miguel Rodríguez-Piñero, ex presidente del TC gobernando Felipe González. No faltan destacados miembros del Gobierno y del PP que prefieren “enterrar” definitivamente esta reforma, aunque desde Justicia aseguran que siguen trabajando para que vea la luz esta legislatura.

Desafío soberanista catalán

Se trata, sin duda, de la cuestión que centrará el debate político de aquí a finales de legislatura con una fecha clave marcada en rojo en el calendario: 9 de noviembre, día del referéndum unilateral y, por tanto, ilegal, de autodeterminación. Rajoy fue terminante al respecto el pasado día 17 durante un mitin electoral en Barcelona: “lo que es España lo deciden todos los españoles. A ningún español se le puede privar del derecho a decidir el futuro de su país, porque esto es democracia, esto es Constitución y eso es respeto a una historia de muchos siglos de nuestro país en convivencia y en armonía”. En todo caso, se verá impelido a administrar una situación indeseable que, contra lo que parece, puede tener una resolución feliz estando, como están convencidos en Moncloa y en el PP, de que el órdago ha llevado a los independentistas a un callejón sin salida. Primero porque si se celebrara la consulta unilateral carecería de todo tipo de legitimidad, no sólo en España,  sino también en Europa. Sin censos, sin reconocimiento oficial, se trataría de un paripé al que sólo acudirían los independentistas. Segundo, porque si Artur Mas se ve obligado a un segundo adelanto electoral en unos comicios de carácter plebiscitario, ERC y CiU  no alcanzarían la mayoría suficiente (90 escaños) para abordar una reforma estatutaria aún en el caso de que sumaran lo votos de IC y de la CUP. Estos datos arrojaba, por ejemplo, el último barómetro de “La Vanguardia”, publicado el pasado 12 de mayo.

Calendario electoral

Tras la celebración de estas elecciones europeas, Rajoy y el PP comienzan a preparar la siguiente cita ante las urnas, esto es, los comicios locales y autonómicos del último domingo de mayo del año que viene. El poder territorial de Rajoy es inmenso, aunque ahora peligran plazas importantísimas como Madrid o Valencia. Precisamente, son la capital de España y la Comunidad madrileña las que más quebraderos de cabeza van a dar a la planta séptima de Génova. Hoy por hoy, no hay candidatos claros y Rajoy no puede permitirse el lujo de perder ninguna de las dos instituciones. Estos comicios tienen además la virtud, o el vicio, de  convertirse en una especie de primarias de las generales, que tocan también el año que viene. Sin embargo, no es descartable que se cuelen en el calendario otras dos consultas, según las previsiones que maneja Génova: se trata de sendos adelantos electorales en Andalucía y en Cataluña, donde las perspectivas del partido que lidera el presidente del Gobierno no son nada halagüeñas.