Un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera en una operación./ Foto: SVA.
Juan F. Baño. Madrid
Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, competentes en el combate contra el contrabando y el trafico ilícito de estupefacientes, continúan su trabajo al tiempo que ven como, semana a semana, nuevas remesas de narcotraficantes detenidos en operaciones del SVA quedan libres por decisión de los tribunales después de aplicárseles con carácter retroactivo la nueva legislación española sobre justicia universal.
Los aduaneros ya han anunciado que “ellos van a continuar practicando detenciones en aguas internacionales” al margen de lo que dispongan los jueces españoles. «No podemos ir contra el Derecho Internacional. Nuestra función no es interpretar la Ley, simplemente cumplirla», aclaran estos funcionarios. Muchas de estas operaciones son fruto de la colaboración con terceros países.
Un alto responsable del SVA, que pide mantener el anonimato, asegura a The Diplomat que «ya que el Gobierno utilizó la vía de urgencia para esta reforma legal, alguien debería de hacer una aclaración taxativa” para que se deje de “jugar” con un asunto tan delicado. “Esta polémica ya sobra”, a entender de este dirigente de los aduaneros. Desde el Ministerio de Justicia se recuerda a este periódico que “la interpretación de la Ley la atribuye la Constitución a los jueces”. No parece probable para estas fuentes que el Ejecutivo vaya a hacer ninguna aclaración. No le corresponde. Será el Tribunal Supremo el que se pronuncie próximamente sobre este asunto.
El mismo planteamiento de rebeldía que observan algunos en el Gobierno respecto a los jueces que se niegan a aplicar de manera inmediata la nueva legislación sobre justicia universal en casos tan sonados como Guantánamo, Couso o el Tibet, se aprecia precisamente entre los funcionarios de aduanas respecto a estos mismos jueces que, amparándose en esta reforma, niegan su apoyo a determinadas operaciones policiales contra el narcotráfico en aguas internacionales.
En el SVA creen que se quiere aprovechar la polémica para conseguir una marcha atrás en la reforma legal
Esta aparente contradicción judicial a la hora de interpretar la reciente reforma legal, lleva a miembros del SVA a hablar de “la doble vara de medir” de sus señorías. Por un lado “luchan con uñas y dientes para mantener vivos asuntos para los que ha sido ideada la nueva ley y, por el contrario, son expeditivos a la hora de poner en la calle a quienes han sido detenidos con miles de kilos de droga en su poder”.
Siguiendo ese razonamiento, los agentes de aduanas lanzan este desafío a los jueces: “¿Por qué no ordenan que se les devuelva la droga incautada?”. Una fuente autorizada de la Audiencia Nacional se limita a aclarar a The Diplomat que “la Ley obliga a ser especialmente diligente con aquellas causas en las que hay presos preventivos”, como son los procedimientos por narcotráfico que están siendo revisados estos días.
Sospechan algunos en el SVA que “alguien pretende aprovechar esta polémica, y la correspondiente alarma social de ver en libertad a casi 50 narcotraficantes en pocas semanas, para meter presión al gobierno y al legislativo y conseguir una marcha atrás en la reforma legal”. Para los aduaneros es cuestión de voluntad y recuerdan que, de hecho, la Fiscalía y tres de los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (con su presidente Fernando Grande Marlaska a la cabeza) se oponen a la puesta en libertad de estos narcotraficantes. Bastaría con una interpretación más ajustada de la nueva ley ya reformada.