Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos.
Julio García. Madrid.
La ONU ha recogido en diversos informes la violencia y la inseguridad ciudadana que se vive en América Latina y especialmente en países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Guatemala, que se cobra miles de muertos cada año.
El Gobierno español colabora actualmente con el Ejecutivo de EE UU para combatir esta violencia en ese área de América, según aseguró ayer el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos del Gobierno de Barack Obama, Arturo Valenzuela, que participó en un encuentro informativo organizado por la Agencia EFE en la Casa de América.
Valenzuela afirmó que esta “crisis de inseguridad” en América Latina requiere de la cooperación internacional y destacó la labor conjunta del Ejecutivo de Rajoy junto con la Administración de Barack Obama para atacar esta lacra. Señaló que la respuesta a la violencia no puede ser sólo policial y es necesario establecer el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley como vías para alcanzar una sociedad más segura y con menos violencia en América Latina.
«Los intereses económicos de ambos países en Centroamérica requieren de democracias estables»
Además, los intereses económicos en Centroamérica de EE UU y España precisan de esta solución a la conflictividad social, por lo que se hace necesario establecer democracias más estables y pujantes en ese área de América, según Valenzuela.
La cooperación internacional en el desarrollo de programas juveniles es otra herramienta para lograr este fin y sacar a los jóvenes de los límites de la exclusión social. En este sentido, Valenzuela comentó los buenos resultados que está dando una iniciativa con jóvenes en riesgo de marginalidad en Juárez, una de las ciudades más violentas de México.
Por otro lado, la comunidad hispana en EE UU ha adquirido tal número en los últimos años, que ya son 58 millones de hispanohablantes los que residen en ese país. Una de los capítulos importantes de la política de Barack Obama es la aprobación de una nueva Ley de Inmigración, que, según dijo Valenzuela, “está empantanada” en la Cámara de Representantes.
La aprobación de la reforma migratoria supondría la regularización de 11 millones de inmigrantes irregulares, la gran mayoría hispanos. Y es este punto el que parece no convencer al Partido Republicano para no sacar, de momento, el proyecto adelante, y esperar a ver qué ocurre en las elecciones parlamentarias de este año.