Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera en una operación antidroga./ Foto: SVA
Juan F. Baño. Madrid
Una ambiciosa estrategia policial y judicial ha convertido a España en “muro de contención de la droga con destino a Europa”. Lo afirma el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, tras recordar que nuestro país incauta “tres cuartas partes del hachís que se interviene en la UE y un tercio de la cocaína”.
Sin embargo, la última Ley Orgánica 1/2014 de 13 de marzo, que limita de manera importante la jurisdicción de los jueces españoles en el frente de la llamada justicia universal, abre “una fisura grave” a entender de medios policiales competentes en la materia, en el combate contra el narcotráfico y el contrabando en este punto clave de la frontera sur de Europa.
Las alarmas se han disparado entre los operativos y los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del ministerio de Hacienda con la consideración de “resguardo fiscal del Estado”. Se trata de cerca de 2.000 funcionarios dotados de buques oceánicos y la preparación técnica necesaria para interceptar en alta mar, incluso en aguas internacionales, las grandes naves nodriza de las redes de la droga que intentan alcanzar las costas europeas. Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía juegan también su papel en este combate, aunque les afectan con menos intensidad las nuevas disposiciones legales. El SVA es “la auténtica policía del mar que patrulla los mares a la caza de narcotraficantes, muchas veces a petición de terceros paises”, dicen fuentes del Servicio. Ahí es donde acaba de abrir una gran falla la última reforma legal.
Ocho tripulantes egipcios de uno de estos barcos, cargado con casi diez mil kilos de hachís, fueron los primeros en quedar en libertad por orden de la Audiencia Nacional, al entender el juez que la nueva legislación española impide perseguir un delito de estas características cuando se detecta en aguas internacionales, sus autores no son nacionales y no se puede determinar el destino del buque.
Los jueces de la Audiencia Nacional han decidido ser “rigoristas” al interpretar la nueva legislación nacional
España ha sido ejemplar a la hora de aplicar el artículo 17 de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988. Ésta es una auténtica referencia legal internacional en la lucha contra la lacra del narcotráfico. Ningún país ha negado hasta ahora “el permiso” que contempla esa Convención para abordar cualquier buque sospechoso en alta mar. Así fue, incluso, en la interceptación por parte del SVA de una nave de Corea del Norte, con la mediación decisiva de Italia.
Sin embargo, los jueces de la Audiencia Nacional han decidido ser “rigoristas”, dicen fuentes del SVA, a la hora de interpretar la nueva legislación nacional resultante tras la reciente reforma, y dan por excluidos de la legislación española algunos de los supuestos que contempla esa Convención internacional. El ministerio fiscal no comparte ese criterio y se opone a la puesta en libertad de los detenidos.
Más allá de la última causa que ha dado lugar a esta restricción de la justicia universal en nuestro país (el enfado de las autoridades chinas y sus amenazas económicas y comerciales tras la orden de detención de la Audiencia Nacional contra algunos de sus ex dirigentes) lo cierto es que el liderazgo en el combate contra el narcotráfico necesita de un instrumento irrenunciable: la capacidad de interceptar los grandes buques nodriza en aguas internacionales.
Es ahí donde se debe de golpear, según responsables policiales, para impedir que cargas con miles de toneladas se diversifiquen como un racimo, a bordo de pequeñas embarcaciones, en dirección a nuestras costas. “A partir de ese momento –dicen estas fuentes- el problema se dispara y la capacidad de respuesta disminuye. Para ello son imprescindibles resortes legales en el plano internacional y una interpretación penal aperturista de la jurisdicción nacional. Lo contrario -concluyen estas fuentes- supone empezar a perder la batalla contra el narcotráfico en España y en Europa».