Miguel Ángel Aguilar
Secretario General de la Asociación de Periodistas Europeos
Cantaban Los Panchos aquello de “siempre que te pregunto/ que cuándo, cómo y dónde/ tu siempre me respondes/ quizás, quizás, quizás”. Ahora el Consejo Asesor de Transición Nacional, creado por el president Artur Mas para que evacue consultas sobre el itinerario soberanista emprendido, ha puesto un huevo en forma de dictamen. Su conclusión es que la Unión Europea acabará aceptando a una Cataluña independiente como estado miembro. La cuestión sin aclarar es el cuándo y el cómo. Sabemos que si se produce la escisión de un territorio de un estado miembro, la parte escindida se queda al aire porque es el estado firmante, el que sigue siendo parte signataria del tratado. Todo lo demás son especulaciones que, por supuesto, el Consejo conjuga conforme conviene a los delicados oídos del president que es quien paga la fiesta. El documento, de unos 50 folios, titulado “Las vías de integración a la Unión Europea” relativiza la fuerza del veto de un Estado e ignora los anuncios de la Unión Europea según los cuales Cataluña quedará fuera.
En su opinión carecen de fundamento jurídico tanto quienes sostienen que Cataluña quedará excluida si se independiza como quienes alegan que seguiría de modo automático formando parte de la Unión Europea. «El derecho europeo y el internacional no prevén una solución y la decisión se va a fundar en criterios políticos y económicos. Y dependerá de quién sea capaz de persuadir a los Estados con sus argumentos en un sentido u otro». Pi-Sunyer ha advertido de las consecuencias de la suspensión del derecho a la ciudadanía europea, tanto de catalanes como de comunitarios residentes en Cataluña, así como de las repercusiones económicas para la Unión.
Pero antes deberán ser evaluadas otras consecuencias fulminantes sobre la nacionalidad de los pobladores de Catalunya a partir del día siguiente de la secesión. Habrá que saber si podrá convenirse la doble nacionalidad o si necesariamente deberá optarse por una de ellas y renunciar a la otra. También la situación en que quedarán quienes mantengan la originaria nacionalidad española, qué estatus cívico tendrán, si podrán votar en las elecciones al Parlament y en las elecciones municipales o si quedarán excluidos, configurando una ciudadanía de segunda clase. Quedan incógnitas relevantes en los ámbitos económicos y políticos pero su simple enumeración sería anatematizada por los actuales responsables de la Generalitat. Se diría que hemos entrado en una fase en la que preguntar ofende.
Por su parte el profesor Pi-Sunyer, dispuesto a buscar precedentes ha invocado el de Kosovo, que no parece ser muy estimulante para un catalán de nuestros días. Dice nuestro sabio particular que «no tiene sentido que 7,5 millones de ciudadanos que quieran ser europeos no puedan porque el Estado matriz quiere imponer una sanción». La cuestión no es esa porque los catalanes escindidos seguirían en todo caso siendo europeos conforme a la irreductible geografía, lo que dejarían de ser es miembros del club de la UE. Además el veto para su reinserción sería mucho más amplio porque en todos los países miembros hay problemas nacionalistas que ninguno quiere alentar.
Otra cosa es que ni el texto de la actual Constitución ni quedar a la intemperie fuera de la UE tengan capacidad de disuadir a los del entusiasmo emotivo porque recordemos aquello de “cueste lo que cueste/ se ha de conseguir/ Cataluña grande/ vuelva a resurgir”.
Artículo publicado en «El Siglo» el 21 de abril de 2014.
