La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles.
Tamara Fariñas. Madrid
España se encuentra entre los 20 de los 41 países miembros de la OCDE analizados por Transparencia Internacional que no han cumplido con sus obligaciones de luchar contra el soborno transnacional, según el último informe de esta organización.
Existen algunas señales de mejora, sin embargo el 20,4% de los países analizados están haciendo «esfuerzos mínimos o nulos para asegurar que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo», a pesar de que han pasado 16 años desde que entró en vigor la Convención de la OCDE para combatir el soborno. Una cifra menos alentadora es la de países que sí investigan y juzgan de forma activa a empresas que realizan sobornos: solamente cuatro —Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza—, según el informe Exportar corrupción de Transparencia Internacional publicado este mes de agosto.
En particular, Transparencia Internacional critica que en España aún es muy débil la protección a los denunciantes y que existe «una falta de comprensión pública sobre el delito de soborno transnacional». Tanto en nuestro país como en los otros 19 países que no pasan la criba de la organización no se están investigando ni juzgando casos «debido a falta de voluntad política» y a escasez de recursos.
La falta de voluntad política y la escasez de recursos, detrás de la ausencia de investigaciones
De todos ellos, doce de los que han ratificado en algún momento la Convención, entre los que se encuentran algunas «democracias establecidas«, lo que obstaculiza la tarea de la Justicia es «la influencia política o el riesgo». Ante las lamentables cifras, José Ugaz, presidente de Transparencia, insta a la OCDE a «asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo» ya que «la violación de las obligaciones de Derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada». Se trata de la undécima ocasión que Transparencia Internacional realiza este informe.
Según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la preocupación por la corrupción y por el fraude fiscal sigue siendo alta, tanto que para la mayor parte de los españoles se trata del segundo problema del país, sólo detrás del desempleo. A la corrupción le siguen, aunque de lejos, otros problemas de índole económica.