Amnistía dice que la decisión del Gobierno «es coherente con las leyes internacionales».
Eduardo González. Madrid
Amnistía Internacional (AI) ha expresado su «satisfacción» por la decisión del Gobierno español de ser el primer país que suspende temporalmente la exportación de armas a Israel en respuesta a los ataques contra objetivos civiles cometidos por el Ejército israelí durante la ofensiva en la Franja de Gaza.
«Hasta que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen que las armas no se emplean para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ningún país debería enviar armas a Israel», ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional-España, Ana Rebollar, en un comunicado.
La decisión española es «coherente con lo establecido en la legislación española, europea e internacional sobre transferencia de armas», ha añadido AI, que ha reclamado un «embargo integral de armas a todas las partes del conflicto» por los crímenes de guerra cometidos a lo largo del último mes.
La decisión de la JIMDDU será revisada en septiembre
El pasado jueves, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) , de la que forman parte los Ministerios de Exteriores, Defensa y Economía, decidió por unanimidad congelar durante un periodo de un mes las licencias para las exportaciones de armas a Israel. La suspensión será revisada en septiembre. Al respecto, AI ha pedido que se mantenga la suspensión a la espera de que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea impongan un embargo de armas global a Israel, a Hamas y a otras milicias armadas palestinas.
El Gobierno israelí no ha querido pronunciarse de momento sobre la decisión española. España vendió en 2013 a Israel material militar valorado en 4,9 millones de euros (un 87 por ciento más que el año anterior), fundamentalmente pistolas, vehículos todo terreno, espoletas de granadas, morteros y granadas iluminantes. Las exportaciones previstas para 2014 estaban valoradas en unos seis millones de euros.
La JIMDDU ya adoptó decisiones similares en el pasado con respecto a Ucrania, Venezuela y Egipto. España es signataria del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), que prohíbe la transferencia de armas a países en los que se puedan perpetrar genocidio y crímenes de guerra y contra la Humanidad. Las leyes españolas de control del material de defensa y de doble uso establecen la suspensión o revocación de estas exportaciones cuando existe el riesgo represión interna o violación de Derechos Humanos.